Yonhy Lescano se enfrenta a investigaciones en la Fiscalía y en el Congreso por el presunto acoso sexual contra una periodista. | Fuente: Congreso

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El caso del congresista Yonhy Lescano se ha convertido en una revelador del estado de la opinión pública frente al maltrato a las mujeres. Por cierto, que Lescano tiene  garantizado su derecho a la defensa y todas las instituciones que investiguen su comportamiento tendrán que respetar las exigencias del debido proceso. El parlamentario de Acción Popular ha optado por una defensa política y se dice víctima de una conspiración del apro-fujimorismo.

Sin embargo, los miembros de la Comisión de Ética, de la Subcomisión de Levantamiento de la inmunidad y del Comité Político de Acción Popular tienen que evaluar hechos y establecer si es verosímil que los mensajes acosadores emitidos desde su celular no hayan sido escritos por el titular de la línea. Lo que Yonhy Lescano considera “bromas subidas de tono” constituye de acuerdo con la ley un comportamiento acosador cometido en agravio de una periodista que cumplía funciones profesionales en el Congreso.

La incapacidad de auto-crítica de Yonhy Lescano contradice los esfuerzos por cambiar la cultura machista que es el zócalo mental en el que prospera la violencia contra mujeres, la discriminación y la desigualdad. El comportamiento incriminado es tanto más grave que corresponde a un congresista, que debería dar ejemplo de conducta irreprochable en vez de encarnar taras que corresponden al mundo patriarcal del pasado, en el que los varones podían permitirse todo, mientras que las mujeres estaban condenadas a la sumisión.

De Lescano a la reforma judicial

  El caso de Yonhy Lescano no es un hecho aislado. Al contrario, es el tercer congresista que en el curso de los últimos meses enfrenta denuncias graves. Lo que confirma la urgencia de dos reformas de fondo, que fueron respaldadas en el referendo del 9 de diciembre: la reforma política y la reforma judicial.

La reforma judicial vive esta semana un momento decisivo. El Defensor del Pueblo ha reiterado el compromiso de trabajar con la celeridad que haga falta para que los siete miembros de la Junta y los siete accesitarios puedan entrar en funciones a principios de julio. Otro compromiso igualmente importante es garantizar que los mejores abogados  integren la nueva institución, cuya tarea principal es evaluar, nombrar y sancionar a jueces y fiscales.

Si no lo logramos, de poco habrán servido las modificaciones de la constitución y la creación de nuevas instituciones. La administración de la Justicia depende de la calidad ética y profesional de los magistrados, y desdichadamente tenemos demasiadas pruebas de incompetencia, lenidad y deshonestidad en los tribunales y las fiscalías. También la reforma política ha entrado a una fase de decisiones.

La Comisión presidida por Fernando Tuesta ha cumplido con presentar al término de dos meses un conjunto de propuestas que el Ejecutivo tiene que transformar en proyectos de ley. Tres temas han sido destacados por Tuesta: la introducción de una segunda cámara en el Congreso, el fin del voto obligatorio y el cambio de los mecanismos para inscribir y financiar a los partidos políticos.

Nuevos partidos

Con los partidos pasa lo mismo que con el sistema judicial: si los mejores ciudadanos no se comprometen con la gestión pública, no podremos quejarnos del espectáculo que vemos cada día: negligencia, corrupción, aprovechamiento de los cargos públicos para favorecer intereses privados. Por eso es relevante que el partido de Julio Guzmán haya podido inscribirse superando las dificultades de la actual legislación, en particular el número elevado de firmas exigidas.

Julio Guzmán ha definido algunos lineamientos programáticos: un partido de centro republicano, decidido a aportar decencia y luchar contra los privilegios, así como a invertir en el talento y la diversificación productiva. Es indudable que Guzmán piensa ya en la campaña del 2021.

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