Columnista invitada | Reforma institucional: la tarea que nos deja el derrame de petróleo causado por Repsol

Por Carol Mora Paniagua

Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Ha pasado más de una semana de uno de los mayores desastres ambientales en nuestro país. El mar de la costa centro del Perú ha sido gravemente contaminado y se ha generado un daño ambiental irreversible; sin embargo, Repsol –la empresa responsable– aún intenta hacernos creer lo contrario, minimizando la dimensión del daño.

Los derrames de hidrocarburos no son eventos nuevos en nuestro país, esta vez le tocó a nuestro litorial costero, pero en nuestra Amazonía esto es más que frecuente. Por ello, frente a estos sucesos, es necesario preguntarnos cuál es la constante y qué necesitamos aprender para que este tipo de desastres no vuelva a ocurrir.

Hay dos temas esenciales que debemos reconocer. En primer lugar, queda claro que lo ambiental aún es un asunto residual en la agenda pública, aparece como prioridad solo cuando hay una afectación negativa ya generada, aunque algunos políticos nunca desperdician una oportunidad para relajar estándares ambientales. De hecho, hace solo un mes, en diciembre de 2021, el tope de infracciones UIT por "no adoptar en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas relacionadas con el control y minimización de sus impactos de acuerdo al Plan de Contingencia o no efectuar la descontaminación y rehabilitación de áreas” pasó de 5000 UIT a 2700 UIT, por ello la multa que hoy le tocaría afrontar a Repsol por este tema es por demás infrapunitiva, poco disuasiva y condescendiente para la dimensión del daño causado.

La función normativa ambiental en el sector hidrocarburos continúa fraccionada pese que hace algunos años el Senace asumió la gestión ambiental del sector hidrocarburos al tener que aprobar los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas sigue regulando los aspectos técnicos ambientales de los proyectos de hidrocarburos, agudizando la mirada sectorial sobre lo ambiental. Como resultado, se sigue postergando la necesidad de internalizar el enfoque ambiental que amerita está riesgosa actividad económica.

El caso del derrame nos muestra que el componente ambiental aún aparece con la emergencia, el buen desempeño ambiental de una empresa parece ser prerrogativa y no un imperativo para operar. Hay una peligrosa confusión sobre lo ambiental como un elemento de la responsabilidad social empresarial y no como un factor medular de las operaciones y de la gobernanza de los proyectos de inversión. En resumen, la conservación de nuestra biodiversidad aparece antojadiza y no como política pública.

Solo para poner dos ejemplos claros, hoy lo ambiental no es criterio para elegir postores en procesos de promoción de la inversión privada y menos aún es factor de competencia. Lo ambiental actualmente no es causal de caducidad o cancelación de derechos de aprovechamiento en industrias extractivas; otra vez, lo ambiental aparece como la bandera cuando lo urgente ha aparecido, pero no cuando, preventivamente, hay que transformar la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Es así como nuestro patrimonio natural queda expuesto a accidentes y a la negligencia.

Un segundo problema estructural tiene que ver con lo que viene para Repsol en cuanto a responsabilidad legal. Nuestro sistema de justicia no está preparado para castigar este crimen ambiental en las dimensiones que lo ameritan. Leía hace años que el fin de las multas no es la disuasión, que las sanciones no conseguirán que las infracciones disminuyan y que los operadores adopten un mejor desempeño ambiental. Aún así, más allá de la discusión conceptual y doctrinaria, a todos nos queda claro que esto que estamos viviendo no merece impunidad alguna, por el efecto dominó de haber minimizado una emergencia ambiental, de no haberla reportado en las dimensiones reales, de no haber activado las acciones de primera respuesta, de no tener capacidad demostrada para implementar su plan de contigencia respecto de la contingencia más previsible en el mar para una empresa de hidrocarburos que opera en medio marino, de haber generado la extinción de especies, y haber dañado dos áreas naturales protegidas marinas. Por este hilo de errores que se transforman en infracciones y posibles delitos, Repsol y este caso no merecen impunidad alguna.

Por ello necesitamos reformas, necesitamos la cuantificación económica del daño ambiental en las dimensiones que lo ameritan, necesitamos valorar a la naturaleza y sus servicios como activos económicos. Es esencial contar con fueros especializados para atender las causas ambientales, crear mecanismos ad hoc para dinamizar soluciones donde el interés público ambiental sea la prioridad y, por supuesto, requerimos eliminar los cuellos de botella que hoy existen y que sirven para dilatar en el tiempo y en vía judicial las resoluciones administrativas que sancionan a los operadores, y conseguir así la ejecutoriedad de las multas.

La firmeza de la justicia ambiental no nos devolverá la integridad de lo que hemos perdido, porque hoy estamos perdiendo demasiado: el turismo, la pesca artesanal, el disfrute de las playas, las economías locales están muy golpeadas. Mientras tanto, Repsol continúa usando sus recursos para defender el origen del derrame cuando aquí ya todos somos conscientes de que la actividad de hidrocarburos es una actividad de alto riesgo, donde los accidentes son altamente previsibles, incluso más en el mar, y donde estar preparados para la contigencia no era una prerrogativa sino una obligación.