Denuncias recogidas por el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud revelan demoras mayores a 24 horas para recoger a cadáveres ubicados en las viviendas y en la vía pública.
La Contraloría General de la República emitió una orientación de oficio al Ministerio de Salud en la que recomienda acortar los tiempos del procedimiento de levantamiento de cadáveres por COVID-19 ubicados en las viviendas y en la vía pública con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio entre la población.
Según esta orientación, es necesario introducir mejoras en este procedimiento para que las autoridades den una respuesta más rápida y acortar los tiempos de espera, ya que las denuncias recopiladas por el Órgano de Control Institucional del Minsa reflejan deficiencias en los tiempos que demanda esta labor debido a la falta de un trabajo conjunto entre los diversos sistemas sanitarios.
Por ello, la Contraloría considera que se debe articular mejor la comunicación y organización entre las instituciones que intervienen en la tarea de recojo de cadáveres como son: el Sistema de Salud, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de la Nación.
Al respecto, el Minsa aprobó una directiva sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19 en marzo, la cual fue actualizada hasta en tres ocasiones durante abril. Dicha directiva define los protocolos para la gestión del recojo de cadáveres y señala como articulador de los partícipes del procedimiento del recojo de cadáveres a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).
No obstante, la Contraloría, a través del Órgano de Control Institucional del Minsa, recopiló diversas denuncias de ciudadanos a través de medios de comunicación que advierten la necesidad de mejorar la articulación y organización del personal del Sistema de Salud a nivel nacional con el personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
El OCI del Minsa recopiló ocho denuncias, de las cuales en un caso se demoró cinco horas para el recojo del cadáver, en tres casos se tuvo una demora superior a 20 horas, en dos demoraron más de 30 horas, y en las dos restantes solo se consignó una demora de varias horas.
Esto pese a que una directiva de la Dirección Genera de Salud (Digesa) dada este año establece que un cadáver no debe permanecer por más de 24 horas en un mortuorio del establecimiento de salud, vivienda o lugar distinto; debiendo ser colocado en bolsa impermeable resistentes y de cierre hermético.
Según la directiva, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Gerencias Regionales de Salud (Geresas) y Direcciones Regionales de Salud (Diresas) están a cargo de la conformación del Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres (EHRC), que está cargo del recojo de los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19 fuera de los establecimientos de salud.
El EHRC debe estar integrado por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, un chofer y personal de apoyo. Además, deben contar con movilidad y Equipos de Protección Personal (EPP), así como del material necesario para la preparación del cadáver (bolsa hermética, solución desinfectante, pulverizador, entre otros).
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