Defensoría del Pueblo pide atender a más de 2 800 ciudadanos indígenas varados en distintas regiones

La Defensoría del Pueblo solicitó al Poder Ejecutivo adoptar acciones urgentes para atender la situación de miles de ciudadanos indígenas varados en diversas regiones del país, como consecuencia de la cuarentena por el estado de emergencia ante la COVID-19.

Entre los meses de abril y junio, la institución precisa que recibió solicitudes de atención de aproximadamente 2 841 personas pertenecientes a los pueblos indígenas awajún, mátses, shipibo konibo, wampis, kichwa y quechua.

Estas personas se encontraban varadas en situación de desprotección en las ciudades de Bagua, Bagua Grande, Chachapoyas, Chiclayo, Ica, Jaén, Lima y Piura, así como en ciudades de las regiones de Loreto y Ucayali.

La información es recogida en el último Reporte de Alerta Indígena, elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, en el que se advierte, por ejemplo, que el 38% de casos se concentra en Lima. En esta ciudad, la institución ha recibido el pedido de retorno humanitario de un total de 1 092 personas indígenas, con destinos en las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Loreto y Ayacucho.

Si bien algunas personas han logrado retornar a sus lugares de origen, otras se encuentran alojadas en los albergues de Huampaní y Ancón, en Lima, pero sus destinos son distintas localidades de las regiones de Amazonas y San Martín.

De otra parte, la Defensoría indicó que hay personas que se encuentran alojadas en la comunidad shipibo konibo de Cantagallo, en el Rímac, que necesitan regresar a Ucayali.

A raíz de esta situación, la institución dirigió un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Cultura, Salud, y Economía y Finanzas, en el que se solicita coordinar con las autoridades de cada región para realizar los traslados humanitarios de la población indígena varada, en estricta observancia de los protocolos sanitarios.

Además, se solicita la asignación de un presupuesto especial para la implementación de albergues de cuarentana en los lugares de destino, bajo condiciones de sanidad y seguridad, y en los que se garantice una asistencia alimentaria adecuada.

En tanto no se pueda hacer efectivo el traslado humanitario de la población indígena en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades que se garanticen condiciones dignas de hospedaje, alimentación y monitoreo sanitario.

Asimismo, la asignación de un bono especial para evitar la migración inversa que podría aumentar los contagios en las comunidades nativas y campesinas.

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