Defensoría pide reenfocar lucha contra la COVID-19: "Los meses que están por venir van a ser muy difíciles"

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reiteró su llamado al Estado -Congreso, gobiernos locales, gobiernos regionales, y, principalmente, Poder Ejecutivo- a "reenfocar" la estrategia de combate contra la COVID-19 y apostar por las organizaciones sociales para articular mejor las iniciativas de prevención en cada una de las localidades.

"Los meses que están por venir van a ser meses muy difíciles, porque si pensamos que estos cinco meses que han transcurrido han sido complicados, estos cinco meses los hemos transitado sin 6 millones de desempleados, sin una severa crisis económica, sin un sistema de salud colapsado como ya está ahora y, sobre todo, sin una crisis alimentaria", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que en abril la Defensoría del Pueblo planteó la urgente necesidad de diseñar una política de alianza con los medios de comunicación para poder comunicar a la población temas importantes como el pago de los bonos, el peligro del consumo del dióxido de cloro, el uso de mascarillas y prevenir así la desinformación.

"Todo esto tiene que ver con una estrategia de comunicación y me alegro de que el Congreso la esté planteando. Hay la necesidad urgente de hacer un enfoque. Este nuevo Gabinete ha planteado que va a hacer un cambio en relación con la atención primaria, y eso está bien, pero no es suficiente, como no es suficiente que los domingos va a haber una suerte de toque de queda sin explicarnos cuáles han sido las alternativas que se han evaluado", indicó.

Gutiérrez destacó el Pacto Perú promovido por el presidente Martín Vizcarra con las diferentes fuerzas políticas; sin embargo, mencionó que la propuesta de la Defensoría plantea acuerdos con todas las organizaciones a nivel nacional para promover la autoprotección, disminuir la crisis alimentaria y vigilar que las autoridades ejecuten planes contra la pandemia.

Defensoría cuestiona inmovilización los domingos

El pasado martes, en una extensa carta dirigida al presidente Vizcarra, la Defensoría del Pueblo cuestionó el retornó a la inmovilización obligatoria los domingos dispuesta por el Gobierno para frenar el avance de la COVID-19 y pidió al mandatario "reenfocar la estrategia de la lucha contra la pandemia y sus efectos colaterales".

En el escrito, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que es preocupante que la reciente decisión del Gobierno "de restaurar las restricciones de derechos que ya se habían levantado" como "la cuarentena total los días domingos" se haya tomado "sin una debida motivación que evalúe su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en disminuir la propagación del virus".

Tras mencionar que dicha medida "ya se implementó y se probó fallida en sus objetivos", Gutiérrez indicó que todo Estado que restrinja derechos "tiene la carga de probar que la afectación con ello ocasionada no es más perjudicial que el beneficio obtenido". "La ciudadanía tiene derecho a saber si esta decisión se respalda en la mejor evidencia científica y a su vez, conocer qué otras alternativas se evaluaron", dijo. 

Falta de información

El defensor Indicó que cinco meses después de la adopción de "medidas extremas" para frenar el contagio de la COVID-19, "nos encontramos en el momento más crítico de la pandemia" con el sistema de salud colapsado y "una extendida" crisis social y económica. Además, con cifras de contagios y fallecimientos que colocan al Perú "como uno de los países con peores resultados en la lucha contra la COVID-19 a nivel mundial". 

Según Gutiérrez, este "lamentable escenario" es resultado "de la clara deficiencia en la capacidad de gestión del Estado, en todos sus niveles de gobierno, particularmente en el regional". Además, señaló "una falta de información pública relevante, accesible, confiable y de calidad, brindada a la ciudadanía sobre el real impacto de esta crisis en la vida de las y los peruanos".

"El incumplimiento del deber de las entidades estatales de suministrar información confiable para la toma de decisiones de las personas sobre su salud, como la ubicación de balones de oxígeno, los precios de los medicamentos o la disponibilidad de las camas UCI [...] ha menoscabado la confianza en sus autoridades y ha dificultado evaluar la efectividad de las politicas adoptadas para enfrentar la pandemia", afirmó.

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