por Redacción RPP
·El representante del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, dijo que el Congreso debe corregir la iniciativa del Ejecutivo con precisión y garantías claras para la libertad de prensa.
El Gobierno de José Jerí presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal “para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”. La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo por un plazo de 60 días en materias de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, advirtió que la iniciativa podría ser usada para perseguir a periodistas bajo el argumento de que manejan “información reservada”.
“Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista”, dijo Salazar. “Si esto pasa así a ser una ley o la modificación del Código Penal, fácilmente un fiscal puede decir: ‘acá hay un poco de información reservada sobre situaciones policiales’, y se va contra el periodista”, cuestionó.
"Poner un candado"
El representante del CPP sostuvo que el Congreso debe corregir la iniciativa con precisión y garantías claras para la libertad de prensa. En ese sentido, propuso que se establezca un “candado” para que el nuevo delito no aplique a la difusión de información periodística.
“Poner una especificación, un candado, que esto no aplique a la revelación de información periodística”, señaló.
Salazar Zimmermann sostuvo que le preocupa que la norma pueda crear un “manto protector” sobre la Policía Nacional en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, limitando la fiscalización mediática.
Indicó también que el presidente José Jerí ha asegurado que no permitiría que la reforma limite el trabajo periodístico. Sin embargo, Salazar advirtió que la decisión final no recae en el Ejecutivo, sino en los fiscales que, con una herramienta penal tan amplia, podrían abrir investigaciones contra periodistas.
El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana recordó, además, que en distintos gobiernos han intentado introducir modificaciones legales que restringían la labor de los medios bajo el paraguas de facultades legislativas. Citó el caso del extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante la gestión de Dina Boluarte, cuando se evaluaron propuestas que penalizaban la difusión de información durante protestas sociales.
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