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Las contralorías de 22 países de América Latina y El Caribe suscribieron la Declaración del Cusco durante la XXIV Asamblea de la OLACEFS, comprometiéndose a orientar sus esfuerzos a que la labor de fiscalización que realizan también contribuya a que exista una gestión pública eficiente que incida en un mayor desarrollo económico, social y a la sostenibilidad ambiental.

Además de la tradicional labor de los países de identificar aquellos sectores con mayor vulnerabilidad a la corrupción, ahora las contralorías centrarán su atención en las áreas de mayor riesgo que afecten el logro de los nuevos objetivos (como la erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad del medioambiente que tienen un impacto social).

En tal sentido, articularán esfuerzos con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI y los grupos regionales para promover acciones conjuntas que contribuyan al logro de la agenda de desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas.

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