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El serenazgo y la seguridad ciudadana, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

El Gobierno observó ley sobre uso de armas no letales.
El Gobierno observó ley sobre uso de armas no letales. | Fuente: Andina

La seguridad ciudadana no puede garantizarse a nivel distrital porque los delincuentes atraviesan las fronteras de los distritos para delinquir y para huir.

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El Ejecutivo ha observado una ley que permite el uso de armas no letales por parte de los serenos. La iniciativa parlamentaria se elaboró bajo la conmoción producida por el cruel asesinato de un sereno en el distrito de Surco, sin tomar en cuenta la sabia exhortación a no legislar con precipitación ni sin consultar a todos los actores concernidos.

En este caso, sobre todo a los alcaldes. De manera inesperada, entre los alcaldes distritales de Lima, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, encarna la oposición a la ley con dos argumentos:

1) Los serenos no están capacitados para reducir delincuentes que cada vez actúan con más ferocidad y que con mucha frecuencia lo hacen armados.

2) La prioridad del Estado debe ser reforzar a la Policía Nacional, aumentando el número de sus efectivos, sus equipos y su manejo de la tecnología.

La actual alcaldesa de San Isidro se ubica en la tradición de un distrito que inventó la institución del serenazgo, puesto que fue el alcalde Carlos Neuhaus, quien creó a fines de los años 50 el Cuerpo municipal de patrulla, que pasó a llamarse serenazgo bajo el impulso del exalcalde Alberto Andrade.

Por cierto, el caso de San Isidro es particular, porque más de 80 % de sus residentes pagan los impuestos municipales, lo que permite financiar el aumento del número de serenos. El municipio se propone también contratar policías en sus días de franco, y así elevar el número de efectivos policiales agrupados en las dos comisarías del distrito, Orrantia y Petit Thouars.

La seguridad ciudadana no puede garantizarse a nivel distrital porque los delincuentes atraviesan las fronteras de los distritos para delinquir y para huir. El principal responsable es el Estado, porque la seguridad ciudadana requiere un esfuerzo transversal que además de la Policía, incluye a la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema educativo. Y aún más decisiva es la participación de los ciudadanos organizados o no en juntas vecinales.

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