Estado afinará instrumentos para combatir lavado de activos

El Estado afinará los instrumentos legales para combatir el lavado de activos e incautar de manera más efectiva los recursos y bienes del narcotráfico, que se mueven en los sectores informales de la economía peruana, infirmó Devida.

Con ese objetivo, dentro de 15 días se reunirán todas las instituciones que tienen que ver con el lavado de activos, para revisar esa situación y evaluar los posibles cambios, precisó Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Según indicó, participarán en dicha reunión el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Antidrogas (Dirandro ), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A criterio de Soberón, el lavado de activos se desenvuelve principalmente por fuera de los canales formales del sistema bancario, mientras que casi todos los esfuerzos que realiza el Estado están concentrados en ese sistema.

Consideró que las mafias estarían aprovechando la economía informal e ilegal de la minería artesanal o la tala de árboles para lavar dinero, seguido de otras actividades como los casinos y, en menor medida, en industrias como construcción y turismo, que están fuera del control de la UIF.

El lavado de activos, que consiste en desarrollar operaciones para encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos, mueve en Perú unos tres mil 460 millones de dólares, en 404 casos investigados desde el 2003 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Respecto a la legislación sobre la pérdida de dominio, dijo que el problema radicaría en que los jueces son renuentes a disponer de un bien del narcotráfico mientras no exista una sentencia definitiva, lo que hace que se deterioren o desmantelen hasta el final del proceso.

Sostuvo que es necesario un cambio en la ley que permita disponer de ese bien, venderlo y el dinero obtenido ser depositado en un banco, de manera tal que si al final del proceso el sospechoso es inocente, se le dará el dinero, pero si es culpable, el Estado tendrá un recurso palpable que disponer.

El funcionario precisó que esto de ninguna manera condiciona el fallo final del juez, sobre inocencia o culpabilidad de los procesados.

ANDINA