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por Redacción RPP
·El martes último, la presidenta Dina Boluarte pidió abrir el debate sobre la aplicación de la muerte para los violadores de menores de edad, tras el reciente asesinato de una niña de doce años en el distrito de Villa María del Triunfo, en la provincia de Lima.
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola se mostró en contra de la implantación de la pena de muerte y advirtió que este castigo no contribuye a la disminución de los delitos graves.
La posición de Urviola surge tras la reciente solicitud de la presidenta Dina Boluarte, quien propuso abrir el debate sobre la aplicación de la pena capital para los violadores de menores de edad, a raíz del asesinato de una niña de doce años en el distrito de Villa María del Triunfo, en la provincia de Lima.
En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP TV, Urviola explicó que, en el Perú, la pena de muerte solo está vigente en casos de traición a la patria en caso de guerra exterior.
"No se puede establecer la pena de muerte, salvo que se denuncie el Pacto de San José para retirarnos de la Corte [IDH]", señaló.
El exmagistrado del TC resaltó que existen otras medidas para luchar contra la creciente ola de criminalidad y que varios de los delitos están vinculados a problemas sociales y económicos.
"El Estado debe tener bastante preocupación y aplicar las enmiendas [para enfrentar estas situaciones]”, mencionó.
Urviola también subrayó que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica para condenar a muerte a alguien “vulneraría el sistema democrático", debido a que ya no se podría ofrecer a todos los ciudadanos la "garantía de una jurisdicción internacional que protege todos los derechos fundamentales”.
Recordó que el artículo 205 de la Constitución de 1993 establece que, agotada la jurisdicción interna, los ciudadanos pueden recurrir a tribunales internacionales para proteger sus derechos fundamentales.
"Debilidad institucional" e inviabilidad de pena de muerte
Por su parte, el abogado Julio César Espinoza coincidió en que la pena de muerte no ha demostrado eficacia en la reducción de delitos graves, como la violación de menores.
"Como una suerte de analgésico social los políticos la comentan o la proponen cada vez que ocurren crisis como esta (en referencia al asesinato de la niña de 12 años)”, manifestó.
Espinoza refirió que, en un país con una "debilidad institucional" como el Perú, donde las crisis afectan al Ministerio Público, el Congreso y el Poder Judicial, no es posible llevar a cabo un debate serio sobre este tema.
A su juicio, la pena de muerte "no es viable" y, en un Estado más avanzado socialmente, los valores consagrados en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos deben prevalecer sobre cualquier medida punitiva que busque una "suerte de venganza social".
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