Figallo: No hay marcha atrás en implementación del nuevo Código Procesal

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, señaló que “no hay marcha atrás” en la implementación del Código Procesal Penal, y que su reforma, iniciada diez años atrás, ha significado el trabajo intenso de grupos de especialistas.

Acotó que la reforma debe significar una política de Estado que trascienda a los gobiernos.

Fue en su presentación ante el Grupo Especial del seguimiento del proceso de implementación del CPP del Congreso de la República, que preside el congresista Mariano Portugal (UR).

En la sesión participaron el juez supremo Luis Alberto Zeballos, como representante del Poder Judicial; delegados del Ministerio Público; además de los congresistas Santiago Gastañaduí y Hernán De la Torre (NGP).

Figallo Rivadeneyra, titular de la Comisión Técnica de implementación del nuevo código, informó que el CPP está vigente desde hace ocho años, y que el plan de consolidación culminará el próximo año con su implementación en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín, con un presupuesto de 123 millones y medio de soles.

Estos recursos se destinarán a los ministerios de Justicia y del Interior, Poder Judicial y Ministerio Público.

Figallo dijo que durante la vigencia del CPP se hicieron dos informes nacionales, uno desde el 2006 al 2010, y el segundo hasta el 2013, de evaluación de su implementación.

El primero se conoce como el “Libro rojo” y el segundo como el “Libro azul”, y comprende la evaluación en los campos de ejecución y presupuesto y el marco normativo.

Hubo una evaluación por parte del Ministerio de Economía para asignarle el presupuesto de 1,267 millones de soles para las 23 regiones (distritos judiciales).

El titular de Justicia señaló que de las evaluaciones se identificaron varios problemas, como una coordinación deficiente entre fiscales y la Policía Nacional, y la necesidad de definir procedimientos operativos de la investigación.

“Ha habido cambios normativos importantes. Se puede ajustar, mejorar, pero no regresar al principio”, remarcó.

También destacó que luego de una segunda evaluación se logró “cambiar varias cosas” y se mejoró la articulación y capacitación del personal.

Sin embargo, agregó, se detectó un alto nivel de frustraciones de las audiencias públicas.

Detalló que hay otros 16 procesos que deben ser mejorados, entre ellos los trabajos de inspección, registro e incautación y el fortalecimiento del uso de salidas alternativas.

Asimismo, dio a conocer que 46 artículos del CPP han sido modificados desde su promulgación, para dotarlos de eficiencia y permitir una mayor coordinación entre la Fiscalía y la PNP, un mayor plazo en las investigaciones y la puesta en marcha de video-conferencias en los centros penales para evitar los traslados y la posibilidad de fugas.

A raíz de estos cambios se dieron las leyes 30076 y 30077 sobre seguridad ciudadana y contra el crimen organizado, respectivamente.

Andina