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por Sergio Espinoza
·La norma tiene el objetivo de prevenir trastornos de salud mental en los estudiantes y combatir el 'ciberbullying'. Además, las instituciones educativas deberán color un aviso, en zonas visibles de ingreso, que indique la restricción.
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó este viernes la ley que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos similares en todas las instituciones y programas educativos de la Educación Básica, tanto colegios públicos como privados.
Se trata de la Ley 32385, publicada en el diario oficial El Peruano, que establece la restricción del uso de celulares como una medida para reducir la sobreexposición al Internet, combatir el ‘ciberbullying’, evitar riesgos en la salud y prevenir trastornos de salud mental en los estudiantes, así como promover ambientes sanos de socialización.
Según la normativa, el uso de equipos móviles quedará restringido durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas de primaria y secundaria, salvo que su utilización esté expresamente permitida por la institución educativa con fines académicos o que se trate de casos de estudiantes con necesidades especiales, que deberán estar debidamente justificadas.
Ley publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. Fuente: El Peruano
Colegios deberán publicar aviso que indique restricción de uso de celulares
La ley establece que los directores de los colegios son responsables de implementar los protocolos de actuación para dar cumplimiento a la norma. Asimismo, supervisan su cumplimiento y aplican las medidas correctivas de acuerdo con los criterios de gradualidad, reiteración y proporcionalidad.
También se dispone que todas las instituciones educativas, sean públicas y privadas, deberán colocar, en zonas visibles de ingreso, un aviso que indique lo siguiente.
“El uso de teléfonos celulares en horarios de clase se encuentra restringido para los escolares, salvo autorización expresa de la institución educativa”.
Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la ley en un plazo máximo de 60 días calendario desde su entrada en vigor, a través de los ministerios de Educación y de Salud.
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