Si existen pruebas creíbles de que una radio ha incitado a la violencia, entonces los responsables deberían ser investigados, indicó José Miguel Vivanco.
La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó hoy que la decisión del Gobierno peruano de anular la licencia de una emisora de radio local podría tener "un efecto inhibitorio" sobre la radiodifusión comunitaria en ese país.
HRW agregó que las circunstancias en que se produce la anulación indican que podría tratarse de "un acto de censura o de un castigo" por la información que dio sobre las protestas indígenas contra el Gobierno a comienzos de este mes.
Durante choques entre los manifestantes y las autoridades en Bagua, el pasado 5 de junio perecieron 24 policías y al menos 10 civiles.
Tres días después, el 8 de junio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anuló la licencia de Radio La Voz de Bagua. Según otros medios de comunicación peruanos, la emisora fue acusada de incitar a la violencia.
"Si existen efectivamente pruebas creíbles de que una estación de radio ha apoyado o incitado a la violencia, entonces los responsables deberían ser investigados y sancionados, con todas las garantías judiciales correspondientes", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Pero cerrar una radio de esta forma sin duda parece una represalia por una cobertura que al Gobierno no le gustó", manifestó Vivanco.
HRW consignó también una información difundida por la emisora Radio Programas del Perú que señaló que la ministra peruana del Interior, Mercedes Cabanillas, acusó a La Voz de Bagua de "agitar violencia" durante los incidentes.
Vivanco admitió que Lima tiene todo el derecho de regular el espectro de radiodifusión en el país.
Sin embargo, añadió que si parece limitar arbitrariamente el trabajo de una estación que informa sobre incidentes contra el Gobierno "puede vulnerar la libertad de expresión en lugar de fomentarla". EFE
HRW agregó que las circunstancias en que se produce la anulación indican que podría tratarse de "un acto de censura o de un castigo" por la información que dio sobre las protestas indígenas contra el Gobierno a comienzos de este mes.
Durante choques entre los manifestantes y las autoridades en Bagua, el pasado 5 de junio perecieron 24 policías y al menos 10 civiles.
Tres días después, el 8 de junio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anuló la licencia de Radio La Voz de Bagua. Según otros medios de comunicación peruanos, la emisora fue acusada de incitar a la violencia.
"Si existen efectivamente pruebas creíbles de que una estación de radio ha apoyado o incitado a la violencia, entonces los responsables deberían ser investigados y sancionados, con todas las garantías judiciales correspondientes", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Pero cerrar una radio de esta forma sin duda parece una represalia por una cobertura que al Gobierno no le gustó", manifestó Vivanco.
HRW consignó también una información difundida por la emisora Radio Programas del Perú que señaló que la ministra peruana del Interior, Mercedes Cabanillas, acusó a La Voz de Bagua de "agitar violencia" durante los incidentes.
Vivanco admitió que Lima tiene todo el derecho de regular el espectro de radiodifusión en el país.
Sin embargo, añadió que si parece limitar arbitrariamente el trabajo de una estación que informa sobre incidentes contra el Gobierno "puede vulnerar la libertad de expresión en lugar de fomentarla". EFE
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