La Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno Regional de Ica a adoptar medidas para brindar ayuda humanitaria a más de 700 personas indígenas que requieren retornar a la región de Ucayali y se encuentran en esta jurisdicción sin posibilidad de generar ingresos económicos para sustentarse.
El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, manifestó la necesidad de que este grupo de personas cumpla con el periodo de aislamiento social antes de retornar a sus comunidades y prevenir el contagio de la COVID-19. En esa línea, hizo un llamado, además de las autoridades regionales, al Ministerio de Cultura para que, de acuerdo a sus competencias, gestionen la entrega de alimentos. Asimismo, pidió al Ministerio de Salud realizar pruebas de descarte del coronavirus.
El organismo público consideró que las acciones para garantizar los derechos de las personas varadas, entre ellas 90 personas menores de edad y 3 personas adultas mayores, se deben adoptar en coordinación con sus organizaciones representativas, que han venido solicitando apoyo a los alcaldes de Paracas y Salas Guadalupe, de forma tal que se respeten sus derechos y las respuestas se adecuen al enfoque intercultural.
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1489, el Ministerio de Cultura debe velar por el bienestar de la población indígena durante la emergencia sanitaria y las medidas dictadas deben ser adecuadas a la realidad de estos pueblos.
Los ciudadanos pertenecientes al pueblo indígena shipibo conibo, que se encuentran dentro de este grupo de personas varadas, trabajaban en el sector agrario en los distritos de Salas Guadalupe y Paracas. Desde que se puso en vigencia el estado de emergencia sanitaria, su economía se ha visto severamente afectada y no han sido considerados para los beneficios económicos entregados por las autoridades.
