Indígenas piden a ONU enviar comisión que investigue hechos de Bagua

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas considera que el Gobierno no deja que haya una investigación independiente sobre los desaparecidos civiles.

Los indígenas de Perú pidieron al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas que envíe una comisión de investigación a Perú para esclarecer los hechos acontecidos en la localidad de Bagua el pasado junio.

El pasado 5 de junio hubo un enfrentamiento entre policías e indígenas en la localidad selvática de Bagua que causó la muerte de 25 policías y 10 civiles, y varios desaparecidos, entre ellos un agente y decenas de indígenas.

Los indígenas, agrupados en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, participaron esta semana en la evaluación que el CERD realizaba sobre Perú, y entre otras solicitudes, pidieron que se establezca una comisión de investigación para que se sepa exactamente lo que ocurrió.

'Hemos pedido al Comité que establezca una comisión que investigue de manera independiente los hechos acontecidos', señaló en rueda de prensa el director general de la Coordinadora, Miguel Palacín Quispe.

Palacín se lamentó de que el Gobierno peruano siga afirmando que las protestas las originaron los indígenas, algo que considera falso 'porque hay más de 200 civiles heridos de bala y 500 personas detenidas, todas indígenas'.

Y justificó la petición de ayuda al CERD porque 'el Gobierno ni deja que haya una investigación independiente, ni investiga dónde están los desaparecidos civiles', agregó el activista.

En esa línea, Quispe se mostró 'insatisfecho y decepcionado' con las respuestas que el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dio ante el CERD, quien afirmó que existieron 'intereses económicos' detrás de los sucesos violentos de Bagua.

El ministro afirmó ante el CERD que a los supuestos promotores de la violencia 'no les interesa que el Gobierno plantee una solución que permita que las comunidades amazónicas se incorporen al desarrollo, sino que se mantengan las cosas como están, porque así reciben dinero para seguir actuando supuestamente en defensa de los pobres de las comunidades'.

Inicialmente, las protestas de los indígenas comenzaron cuando el Gobierno aprobó un centenar de decretos legislativos que supuestamente eran necesarios para poder aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

'El Gobierno otorgándose las facultades extraordinarias que le había dado el poder legislativo, aprobó 102 decretos que lesionaban nuestros intereses, y lo hizo sin consultarnos con lo que violó el artículo 169 de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo relativa a indígenas'.

'Unos acuerdos para mercantilizar la vida', agregó Quispe.

Tras las protestas, algunos de los decretos fueron derogados, pero la Coordinadora cree que aún hay más de 40 que lesionan los intereses de los pueblos originarios.

Es por ello, que la Coordinadora también ha solicitado al CERD que les apoye en el proceso de derogación de aquellos decretos ley que consideran nocivos para sus derechos.

-EFE