En RPP, el juez superior Bonifacio Meneses Gonzales alertó que el Perú no cuenta con un solo juez especializado en cibercrimen. Además, consideró que el Ejecutivo y el Legislativo deberían entablar un diálogo para luchar contra los ciberdelitos.
“No tenemos un solo juez especializado en cibercrimen en todo el Perú”, advirtió Bonifacio Meneses Gonzales, juez superior del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En el programa Las cosas como son de RPP TV, el magistrado cuestionó que instituciones como Indecopi y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementen únicamente “acciones reactivas” tras la reciente filtración de datos de clientes del banco Interbank.
“No hay un patrullaje cibernético”, que consiste en explorar las “redes oscuras” relacionadas con delitos informáticos. Para ello, dijo que se requiere “una policía superespecializada”, apuntó Meneses.
El magistrado detalló que, hasta ahora, se han acumulado más de 30,000 denuncias ante la Fiscalía de Ciberdelincuencia solo en Lima. Reprochó que solo en la capital existan fiscalías de este tipo y no en otras provincias.
Meneses Gonzales enfatizó que “es peligroso" que no haya especialistas en el sistema de justicia para combatir los ciberdelitos. “En el Perú no tenemos un sistema de ciberseguridad, estamos totalmente expuestos”, alertó.
Añadió que el Ejecutivo y el Legislativo deben entablar un diálogo para abordar esta nueva modalidad delictiva.
Indecopi inicia investigación por el caso Interbank
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha iniciado una investigación preliminar contra Interbank ante las “fallas operativas” en sus sistemas reportadas por clientes a nivel nacional.
“Se ha requerido información a la entidad bancaria y, con el apoyo de la Dirección de Fiscalización del Indecopi, se está recopilando información sobre el incidente”, precisó el organismo en un comunicado.
Precisó que hay indicios de infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que se "podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador que implicaría multas y medidas correctivas a favor de los afectados".
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