La Constitución y el equilibrio de poderes, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Desde los primeros años de nuestra vida como nación independiente hemos enfrentado dificultades para ejercer del poder ejecutivo sin detrimento de las atribuciones del Congreso. De ahí que hayamos sido gobernados por caudillos militares durante los primeros cincuenta años y que recién en 1872 tuviéramos un presidente civil, Manuel Pardo, cuyo acceso al poder costó la vida de su predecesor, el coronel José Balta. De ahí también que hayamos cambiado con frecuencia de Constitución. Durante el quinquenio pasado una negación “fáctica” de la confianza llevó a la disolución del Congreso y ésta, sin duda, a la vacancia del presidente Vizcarra. El oficialismo y la oposición parlamentaria intentan reforzar sus respectivas cuotas de poder y para eso limitar las atribuciones que les puedan ser hostiles. La Comisión de Constitución se propone definir los términos en que el gobierno puede plantear la cuestión de confianza. El actual presidente del Consejo de Ministros no ha ocultado su intención de proceder a una disolución, si cierta oposición concreta su voluntad de censurar progresivamente a los ministros.

Necesitamos más que nunca una posición clara del Tribunal Constitucional, puesto que se trata de una figura definida en la Constitución vigente. ¿Puede el Congreso aportar una interpretación auténtica del artículo 132 y restringir el uso que se ha dado hasta ahora a la cuestión de confianza? La respuesta se hace tanto más difícil que la mayoría de fuerzas políticas diseñan sus estrategias con mucha suspicacia pero poca convicción. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que enfrentamos una grave crisis que requiere una gestión pública transparente y no un clima de intrigas, arbitrariedades y silencios?

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