Un informe elaborado por el Área de Asesoría Laboral del Congreso determinó que la expresidenta Dina Boluarte no cumple con los requisitos estipulados en la Ley 26519.
Una investigación periodística dio cuenta de que el Congreso de la República cerró la posibilidad de que la expresidenta de la República, Dina Boluarte, acceda a una pensión vitalicia, tras declarar improcedente la solicitud que presentó el pasado 20 de octubre.
Según el programa Cuarto Poder, el informe oficial del Área de Asesoría Laboral del Parlamento frustra la intención de la exmandataria de recibir un pago mensual que bordea los 35 000 soles.
“Resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercila Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial”, señala el documento.
De acuerdo con el informe parlamentario, Boluarte —quien afronta una investigación fiscal por las decenas de muertes producidas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023— no cumple con los requisitos estipulados en la Ley 26519.
La improcedencia del requerimiento de la exjefa del Estado se basa en los siguientes argumentos: i) Boluarte no fue elegida mediante voto popular para el cargo de presidenta, sino que lo asumió por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022, luego de su fallido autogolpe de Estado; ii) la norma está diseñada para reconocer a mandatarios que cumplieron un periodo completo de gobierno, condición que la expresidenta no satisface; y iii) fue destituida por el Legislativo el 10 de octubre por incapacidad moral.
“Última ratio es que la pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicio al país y, por ello, necesariamente tendría que otorgarse a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”, se lee en el informe oficial.
El dominical recuerda que Dina Boluarte también había solicitado al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, otros beneficios destinados a quienes ocuparon la jefatura del Estado, como un vehículo oficial de uso permanente, un asesor, personal de seguridad, un seguro de salud privado y un suministro mensual de 150 galones de combustible.
Al respecto, Martín Cabrera, experto en temas parlamentarios, señaló que, al tratarse de beneficios administrativos y no necesariamente vinculados a la pensión vitalicia, la expresidenta aún podría intentar acceder a ellos, ya que dependen de decisiones administrativas del Parlamento. “Mientras el Congreso no asuma el interés de regular esto, ella lo va a seguir recibiendo”, expresó.