Los cuatro partidos políticos y las dos alianzas electorales del Congreso se verán beneficiadas con reactivación del financiamiento público directo.
En el Perú la Ley de Partidos Políticos (N°28094) establece que los partidos pueden recibir financiamiento mixto, es decir aportes públicos y privados para que cumplan con las actividades establecidas en su estatuto, financiar sus campañas electorales y otros gastos de funcionamiento básicos.
En el caso del financiamiento público, existen dos mecanismos para que los partidos reciban fondos: un aporte monetario directo anual en función al nivel de representación que alcanzó el grupo en las últimas elecciones congresales, y un aporte indirecto en espacios publicitarios en medios de comunicación (denominada la franja electoral) para que los partidos puedan anunciar sus propuestas durante la época de elecciones.
Sin embargo, el financiamiento directo del Estado está suspendido por disposición del MEF; pues el reglamento indica que deben haber recursos monetarios disponibles para este propósito. De aplicarse esta medida, las agrupaciones políticas solo podrían utilizarlos fondos para la formación y capacitación de cuadros, la investigación y el funcionamiento de la agrupación, pero en ningún caso en gastos de campaña.
En América Latina existen distintos sistemas de financiamiento partidario que se ajustan a la realidad de cada país; de allí que no exista un sistema perfecto, según Gerardo Távara, secretario general de Transparencia. Sin embargo, las prácticas partidarias en otros países pueden ser modelos a considerar en el Perú. Por ejemplo, en todos los países sudamericanos menos en Venezuela y Bolivia se aplica el financiamiento público directo, figura que en el Perú se encuentra suspendida. El financiamiento estatal favorece la autonomía de los partidos, fortalece su institucionalidad y su representación permanente a nivel nacional, lo cual permite contar con una democracia más sólida.
Por otro lado, en países como Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y México se aplican límites a los gastos de cada partido con el fin de promover la competencia electoral en igualdad de condiciones. Esta figura no está contemplada en la ley peruana; sin embargo, cuando no existen límites es más probable que los partidos con mayores recursos se vean favorecidos ya que tienen la posibilidad de incrementar los mensajes y sesgar al elector.
Adicionalmente, en la región existen países que promueven la equidad en la esfera política. En Colombia, por ejemplo, de los fondos públicos que recibe cada partido, el 15% se debe destinar a la formación y la inclusión de las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas. En México, de los fondos públicos destinados a actividades regulares, al menos 2% se debe utilizar en acciones que promocionen el liderazgo de las mujeres. Si bien en el Perú el financiamiento público se destina-ría básicamente para solventar el funcionamiento de la institución, parte de los fondos también se podría invertir en programas de promoción y participación política de las mujeres y las minorías en la esfera partidaria.
Integración 2017
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