La lideresa del Movimiento Nuevo Perú comentó que "hay temas que preocupan respecto al presunto vínculo de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht".
La excandidata presidencial, Verónica Mendoza, expresó su suspicacia respecto a que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no tenga conocimientos de los actos de corrupción que realizó en nuestro país la empresa brasileña Odebrecht.
“El actual presidente del Perú tiene que responder, fue titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, ministro de Economía en el gobierno de Toledo cuando se recibieron estas prácticamente probadas coimas, resultaría extraño creer que no haya sabido absolutamente nada”, dijo en una conferencia de prensa.
Pide investigación. La lideresa del Movimiento Nuevo Perú señaló que desde su agrupación política serán vigilantes para exigir que estas pesquisas se desarrollen en profundidad y que aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción terminen en la cárcel.
“Hay temas que preocupan respecto al vínculo de Kuczynski y Odebrecht. Estaremos vigilantes para que se investiguen hasta final. Si tienen que caer tres expresidentes, si tiene que caer el presidente actual de la República para que podamos zanjar de una buena vez con la corrupción, que así sea”, comentó.
“No queremos más corrupción, no queremos que la plata que los peruanos necesitamos para escuelas, hospitales, obras de agua potable termine en negociados y corruptelas”, manifestó Mendoza Frisch.
Decretos legislativos. La también exparlamentaria criticó los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo gracias a las facultades otorgadas por el Congreso. “Con este paquete de decretos legislativos, el Gobierno pretende regalarle nuestro dinero a los privados y facilitar el camino a la corrupción. Con esta lógica vamos a repetir casos como los de Odebrecht y vamos a seguir perdiendo millones y millones de soles”.
Antecedente. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la firma brasileña pagó sobornos por US$ 29 millones a funcionarios del Gobierno peruano entre el 2005 y 2014, con el fin de asegurar contratos de obras públicas.
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