"No se ajusta a parámetros constitucionales": La Defensoría del Pueblo cuestiona la ley de protección policial

La Defensoría del Pueblo indicó que la "necesidad de fortalecer el marco legal para facilitar la labor policial debe hacerse dentro del marco constitucional y tratados internacionales".

Militares y policías patrullan las calles durante el estado de emergencia. | Fuente: Ministerio del Interior

La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la polémica Ley de Protección Policial, recientemente promulgada por el Congreso en pleno estado de emergencia por el coronavirus que exime de responsabilidad penal a policías y militares que lesionen o maten a una persona dentro de sus funciones y "en forma reglamentaria".

En un comunicado, el organismo autónomo advirtió que la normativa "no se ajusta a parámetros constitucionales". "Preocupa la eliminación del principio de proporcionalidad, que constituye un criterio básico para la protección de la vida e integridad de todas las ciudadanas y ciudadanos. Esta disposición se encontraba recogida en el artículo 4 numeral 1 inciso c del Decreto Legislativo N° 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú", señaló.

La Defensoría del Pueblo recordó que ninguna norma puede dejar sin efecto el principio de proporcionalidad, ya que es una regla básica que deriva de la Constitución y tratados internacionales. 

"Resulta inconstitucional la modificación del Código Procesal Penal para impedir que se disponga mandato de prisión preventiva o detención preliminar contra los efectivos policiales, que causen lesión o muerte, en ejercicio de sus funciones.

Tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos constitucionales autónomos, por lo que no es posible afectar sus funciones. Corresponde a los jueces no aplicar esta disposición en los casos que se le presenten", dijo la entidad que preside Walter Gutiérrez.

El organismo autónomo agregó que la necesidad de fortalecer el marco legal para facilitar la labor policial debe hacerse dentro del marco constitucional y tratados internacionales.

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