Los ministros son nombrados como si fueran islas de un archipiélago, es decir en función de consideraciones que no permiten diseñar un plan de desarrollo del país.
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El primer ministro Aníbal Torres ofreció ayer una conferencia de prensa, acompañado por ocho ministros que habían pasado buena parte de la jornada definiendo posiciones sobre temas como las medidas sanitarias y la estrategia contra la inseguridad ciudadana. Entre los que no participaron destacan los titulares de las carteras de Justicia y de Transportes y Comunicaciones, que pronto tendrán que hacer frente a procedimientos de censura en el Congreso. Aníbal Torres pretendió transmitir la impresión de una gestión articulada y coherente, pero no se entiende por qué no ha evitado mantener en su gabinete a figuras con cuestionamientos múltiples y fundamentados.
El caso de Juan Francisco Silva es particularmente chocante: carece de la formación requerida para el manejo del sector que dispone del mayor presupuesto de inversión en el Estado. Y manifiestamente se halla más cerca de dirigentes gremiales informales que del espíritu de una reforma que había comenzado a dar sus primeros frutos: la del transporte público. Sus nombramientos acreditan la sensación de que, como otras figuras del oficialismo, percibe su poder en el Estado como el de un promotor de una agencia de empleo en beneficio de sus allegados.
El exministro Avelino Guillén lo ha explicado de manera contundente en una entrevista en El País. Los ministros son nombrados como si fueran islas de un archipiélago, es decir en función de consideraciones que no permiten diseñar un plan de desarrollo del país. Y la razón, según Guillén es muy simple: Pedro Castillo carece de rumbo. El exministro de Justicia sentencia: Castillo se llena la boca hablando del pueblo, pero no sabe hacer nada concreto por él. Lo que al parecer sí saben hacer es usar dinero público para hacerse publicidad política.
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