Se dispuso que la Unidad de Investigación y Anticorrupción de esta entidad investigue la presunta comisión en la que habría incurrido la Sala Superior Penal.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió un proceso disciplinario contra los jueces superiores Jorge Alberto Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzon Urbina La Torre, de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, por el juicio penal que se le sigue al ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta y otros como presuntos autores mediatos en el homicidio del periodista Alberto Rivera.
El jefe de la OCMA, Enrique Mendoza Ramírez, dispuso que la Unidad de Investigación y Anticorrupción de esta entidad investigue la presunta comisión en la que habría incurrido la Sala Superior Penal de no observar el cumplimiento de los deberes judiciales, incurriendo en una falta muy grave según la Ley de la Carrera Judicial.
La OCMA estimó que si bien la continuación de la audiencia de juzgamiento oral del caso del asesinado periodista Rivera, programada para el día 15 de octubre de 2009 a las 8 de la mañana, no se ha realizado por la inasistencia del Ministerio Público, no es menos importante que los jueces superiores han podido adoptar las medidas pertinentes para evitar el quiebre del proceso y la consecuente dilación de su resultado.
En este punto, la OCMA señaló que la falta de una decisión oportuna de los citados magistrados ha provocado, con el quiebre del proceso, la dilación innecesaria del juzgamiento y la pérdida del material logístico y las horas hombre empleadas por la Sala por cuatro meses; por lo que es preocupación de la instancia de control que los jueces resuelvan con prontitud razonable los procesos bajo su conocimiento, pues es derecho de las partes el recibir una resolución judicial en un plazo que no resulte excesivo.
Con respecto a la denuncia del trámite del nuevo juicio oral, la OCMA indicó que no puede emitir pronunciamiento para no interferir con la decisión final que la Sala Penal vaya a adoptar, principalmente cuando se encuentra el proceso en la fase de sentenciar. Por ello, ha dispuesto que el análisis y la investigación se den inmediatamente después de haberse emitido la sentencia.
El jefe de la OCMA, Enrique Mendoza Ramírez, dispuso que la Unidad de Investigación y Anticorrupción de esta entidad investigue la presunta comisión en la que habría incurrido la Sala Superior Penal de no observar el cumplimiento de los deberes judiciales, incurriendo en una falta muy grave según la Ley de la Carrera Judicial.
La OCMA estimó que si bien la continuación de la audiencia de juzgamiento oral del caso del asesinado periodista Rivera, programada para el día 15 de octubre de 2009 a las 8 de la mañana, no se ha realizado por la inasistencia del Ministerio Público, no es menos importante que los jueces superiores han podido adoptar las medidas pertinentes para evitar el quiebre del proceso y la consecuente dilación de su resultado.
En este punto, la OCMA señaló que la falta de una decisión oportuna de los citados magistrados ha provocado, con el quiebre del proceso, la dilación innecesaria del juzgamiento y la pérdida del material logístico y las horas hombre empleadas por la Sala por cuatro meses; por lo que es preocupación de la instancia de control que los jueces resuelvan con prontitud razonable los procesos bajo su conocimiento, pues es derecho de las partes el recibir una resolución judicial en un plazo que no resulte excesivo.
Con respecto a la denuncia del trámite del nuevo juicio oral, la OCMA indicó que no puede emitir pronunciamiento para no interferir con la decisión final que la Sala Penal vaya a adoptar, principalmente cuando se encuentra el proceso en la fase de sentenciar. Por ello, ha dispuesto que el análisis y la investigación se den inmediatamente después de haberse emitido la sentencia.
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