Pese a que existe normativa en el Perú que prohíbe la pesca de arrastre dentro de las 5 millas marinas, la presencia de esta actividad se ha vuelto recurrente en el mar del norte del país, afectando así el ecosistema marino.
La pesca de arrastre dentro de las 5 millas marinas es un problema constante en las costas de las regiones de Piura y Tumbes. Vecinos de Punta Sal advierten que esta actividad ilegal se ha desbordado, por lo que piden a las autoridades más acciones de fiscalización para frenarla.
Pese a que la Ley General de Pesca y su Reglamento lo prohíbe y que existe un decreto supremo N°006-2013-Produce que restringe la actuación de la flota arrastrera y cerquera de menor escala dentro de las 5 millas, esta problemática se ha vuelto recurrente en el mar del norte del país.
La pesca de arrastre es una actividad que genera impactos sobre las especies y ecosistemas marinos, y se acentúa aún más, debido a que opera ilegalmente dentro de las 5 millas marinas,
Según el informe “Desarrollo de un modelo dinámico de co-manejo para la protección de la biodiversidad en una pesquería de arrastre de langostino en el Perú”, elaborado por la Universidad Nacional Agraria La Molina y publicado en junio del 2020, las embarcaciones arrastreras operan principalmente frente a Los Órganos (desde Cabo Blanco hasta Punta Sal), frente a Talara, y frente a Sechura. La mayoría de los arrastres ocurren dentro de las 2 millas.
José Valera, presidente de la Junta Vecinal de Punta Sal, contó a RPP Noticias que este tipo de embarcaciones realiza sus actividades ilegales recurrentemente. “Estas embarcaciones arrastreras tiran unas redes que se van al fondo, jalan, y destrozan todo, dañando al ecosistema”, comentó.
La Ley General de Pesca establece que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) controle y proteja los recursos marinos y de aguas dulces. Además, se encarga de regular las actividades que se realicen en aguas marinas y/o continentales. También tiene competencias para activar las acciones de interdicción en actividades ilegales en pesca, según el Decreto Legislativo 1393.
José Valera, como integrante de la Junta Vecinal, ha coordinado diversas acciones con Dicapi y con el Ministerio de la Producción en la realización de operativos. Sin embargo, nos dice que el problema sobrepasa la capacidad logística de estas instituciones.
“Al igual que en el transporte público, que hay micros que tienen un montón de papeletas y siguen circulando, igual sucede acá. Les ponen su papeleta, les llaman la atención, le quitan sus redes. Ese trabajo es un esfuerzo que a veces sobrepasa los recurso que no tiene Produce ni Dicapi. Por ejemplo, cuando capturan a las embarcaciones para bajar la red se requiere mínimo de diez personas que hay que conseguirlas en ese momento. Hay que conseguir un vehículo para llevar red al depósito. Los depósitos están repletos con estas redes capturadas”, contó.
“Hemos estado conversando para unir al sector público y privado para buscar la forma en cuidar el mar de esta amenaza de embarcaciones que no respetan las leyes”, añadió.
Stefano Camaiora, también vecino de Punta Sal, hace hincapié en la intensificación de los operativos por parte de Dicapi y de Produce. Manifestó que la pesca de arrastre se enfoca principalmente en los langostinos y ocurre todos los días entre Cabo Blanca y Caleta Cruz. “Lamentablemente no tienen la capacidad para poder ordenar la zona como debería. Ordenando eso, la pesca artesanal se beneficia”, sostuvo.
Pesca de arrastre y el langostino
Walter Wust, fotógrafo naturalista y consultor en temas ambientales, detalló que este tipo de pesca va peinando el fondo arenoso, removiendo y capturando peces de tipo. “Todo eso a vista y paciencia de las autoridades”, dijo.
Wust manifestó que no hay capacidad de fiscalización para que estas embarcaciones no operen dentro de las 5 millas marinas. En ese sentido, propuso que se debe implementar una red de alerta para que los vecinos y los mismos pescadores artesanales puedan filmar y reportarlo. “La Marina debería actuar de inmediato, decomisando la carne, inmovilizando la embarcación. El deterioro del recurso pesquero es gravísimo”, contó.
Wust detalló que el gran objetivo de la pesca de arrastre son los langostinos por el gran mercado y el lucro que genera esta especie. Explicó que para los consumidores es difícil de diferenciar entre el langostino que produce la industria de la acuicultura y la que proviene del mar, capturada a través de esta pesca que depreda el ecosistema. “El langostino se exporta y se vende a buen precio. Es un producto caro. 1 kilo de langostino no baja de 25 soles”, afirma.
De acuerdo a las conclusiones del estudio sobre la pesca de arrastre de langostinos, la flota dedicada a esta actividad está compuesta por 105 embarcaciones. En promedio pueden generar un ingreso bruto anual de 10.6 millones de dólares. Las ganancias obtenidas, sin contar costos operativos y de mantenimientos, muestran que un patrón o un tripulante puede tener un estimado de ingreso anual de 34,060 soles. “Estas ganancias resultan un incentivo económico suficiente para seguir dedicándose a esta pesquería, frente a los riesgos de persecución, pérdidas de embarcaciones, incautación de la red, piratería y robos en altamar”, señala el documento.
Wust lamenta que hasta el momento no se concrete la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Se trata de una superficie de aproximadamente 116,000 hectáreas que abarca cuatro ámbitos:
*Arrecifes de Punta Sal: Posee el mayor número de nuevos registros para el Perú de peces, corales, esponjas marinas y equinodermos, así como varias nuevas especies para la ciencia, como las esponjas calcáreas e incrustantes y babosas marinas.
*Cabo Blanco-El Ñuro: Lugar de alimentación y refugio de tortugas marinas verdes de la costa peruana.
*Isla Foca: La isla más al norte del litoral peruano. Mezcla de corrientes y vital como guardería de bancos de peces de importancia comercial.
*Banco de Máncora: Una montaña submarina de roca basáltica que actúa como un imán para la vida submarina).
A evaluación de Wust, con la creación de la reserva se podría tener mayor control con guardaparques y además se lograría conseguir financiamiento de fundaciones para hacer la vigilancia de la zona más efectiva. “El Perú tiene una tremenda deuda en la protección de su mar”, sostiene.
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