Piura: Necesitan 300 millones de dólares para mejorar servicio de agua

La preocupación por el mal servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) Piura, mantiene preocupados a los usuarios porque no encuentran una explicación adecuada de solución a este problema.

Frente a esta situación la consejera regional Mónica Juárez Haro, indicó que hace 25 años se tiene este problema en la provincia de Talara y confirmó que en las últimas tres semanas han sufrido un desabastecimiento total del servicio.

“El problema va desde el sistema de tuberías que abastece de agua a Talara, entre las alternativas de solución a este problema integral se está promoviendo ante inversionistas privados la construcción de una planta desalinizadora, además la planta no está funcionando y para su reparación se necesita 300 millones de dólares”, expresó.

La autoridad regional también explicó que se ha firmado un convenio entre la región Piura y la municipalidad de Talara con el objetivo de recibir prestados vehículos cisternas que puedan distribuir del líquido elemento a los sectores que lo necesitan.

Agregó que están pidiendo que la EPS Grau pase a administración del Gobierno Regional de Piura como una institución pública privada.

Por otro lado, César Orruego de la Defensoría del Pueblo, manifestó haber participado de una reunión con los funcionarios de la cuestionada empresa prestadora de servicio, que tiene 900 mil usuarios que en estos momentos están siendo afectados por el racionamiento y en algunos casos cortes de la distribución de agua en Talara.

“El problema central ha sido una línea de impulsión de aproximadamente 2 kilómetros de desagües que ha sido afectada, se han reparado 12 metros en una semana y nuevamente colapsó, por eso no se brindaba agua a la comunidad para evitar el desborde de aguas servidas; sin embargo, lentamente se está restableciendo el servicio”, expresó.

Finalmente, recomendó que se abastezca del líquido elemento de forma adecuada y se cambie de manera definitiva la línea de impulsión para no afectar la calidad de vida de la población.

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