Protestas sí, violencias no, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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La paz es una aspiración natural de los seres humanos. Todos sabemos a qué extremos de destrucción se puede llegar cuando prevalecen actores decididos a imponer sus intereses sin respetar los derechos de los demás. El día de ayer se han llevado a cabo Marchas por la Paz en Lima y en varias ciudades del interior. Algunos conocedores de la realidad social y cultural de las regiones del sur sostienen que se ha venido produciendo ahí la conjugación de tres factores que es necesario diferenciar: 1) Un descontento real ante la ausencia del Estado y la falta de obras públicas. 2) Un resentimiento histórico, causado por el desprecio y el racismo. 3) El activismo de agentes de intereses económicos ilegales, sobre todo la minería ilegal y el narcotráfico. Se añade a ellos el extremismo de grupos como Movadef, el etno-cacerismo e incluso tendencias secesionistas, como las formuladas por un supuesto dirigente del cono norte de la ciudad de Arequipa. Esos actores ilegales y violentistas disfrazan sus intereses con causas políticas, como el apoyo a Pedro Castillo y la exigencia de una Asamblea Constituyente. Pero los hemos visto en acción sin disfraces ideológicos cuando la matanza de catorce mineros ilegales en la provincia arequipeña de Caravelí, en junio pasado. El gobierno de Pedro Castillo alentó el funcionamiento de todos esos sectores informales, que ahora se ven privados de la impunidad que se les garantizaba. Frente a la amenaza grave que ellos representan, la Democracia debe defenderse con los recursos del Estado de Derecho. No se puede aceptar la destrucción de la propiedad, la invasión de aeropuertos, el bloqueo de carreteras ni los atentados contra la vida. Pero la solución no se limita a la represión. El Estado debe reconocer a interlocutores válidos y lanzar un gran proceso de inversión y desarrollo en regiones que hoy se sienten postergadas y han perdido confianza en las autoridades.

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