Reforma de inversiones mineras evitaría conflictos sociales, aseguran

El Gobierno debe realizar "cambios sustantivos" a su política de promoción de las inversiones mineras para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales en número e intensidad, según el IV informe del Observatorio de Conflictos Mineros.

"Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras", señala el informe.

La investigación se efectuó en las regiones de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cuzco durante el primer semestre de 2009.

El reporte señala que se ha entregado en concesión a las mineras el 53,68 por ciento del territorio de Apurímac, región surandina donde opera Xstrata en el proyecto "Las Bambas", así como el 44,67 por cien de la superficie de Cajamarca.

Asimismo, el 26,16 por ciento del territorio de la norteña Piura se ha dado en concesión a las mineras, como al grupo Ziyin responsable del proyecto Río Blanco, el 15,8 por ciento del de Cuzco.

En Junín, el 22,8 por cien del territorio fue dado en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la ciudad más contaminada de América, a cargo de la empresa Doe Run, que afronta una crisis financiera y es cuestionada por el incumplimiento de un programa ambiental.

EFE