Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.
En momentos en que los fiscales del caso Lava Jato se hallan en Brasil para recoger el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht, el fiscal supremo Tomás Gálvez considera oportuno descalificar a sus colegas, afirmando que “han perdido el sentido de la realidad, que están delirando y creen que cualquier disparate que dicen es la última palabra”. La situación es tanto más grotesca que Gálvez se halla bajo investigación por su presunta implicación en el caso de los Cuellos Blancos y por lo pronto la Justicia le ha impuesto la restricción de salir del país. Gálvez pretende que creamos que la desconfianza que pesa sobre él es solo fruto de una intriga urdida por el anterior Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y denuncia a sus colegas al considerarlos cómplices de Odebrecht, en particular por el Acuerdo de colaboración que, precisamente, viene permitiendo las confesiones que nos llegan desde Brasil. La conclusión que saca Gálvez es que José Domingo Pérez y Rafael Vela no deberían “estar un minuto más a cargo de las investigaciones”, es decir lo que ya hizo hace doce meses el ex Fiscal Pedro Chávarry, antes de retractarse y restituirlos en sus funciones. Rara vez habremos visto un tal sabotaje de la acción fiscal ante un entramado de corrupción de cuya investigación depende el funcionamiento de instituciones medulas del Estado. No es casual que tengamos el récord mundial de expresidentes investigados por haber recibido pagos de la constructora brasileña. Subsisten también acusaciones entre Procuradores: cada una de las partes se presenta como la auténtica defensa de los intereses del Estado. Y todo esto sucede a pocas semanas de la instalación de la Junta Nacional de Justicia destinada precisamente a evaluar, sancionar y nombrar jueces y fiscales.
Aunque es de otro carácter, también es lamentable el clima que parece prevalecer en el Tribunal Constitucional, en momentos en que su autoridad es requerida para tomar decisiones de las que depende la estabilidad de nuestro sistema político. Esperemos que las imputaciones de la Secretaria General contra el comportamiento personal del juez Eloy Espinosa se aclaren a la brevedad posible y que podamos estar seguros de que los 7 tribunos pueden actuar con independencia y al margen de excesos temperamentales, intrigas y hostilidades personales.
En Argentina, el nuevo presidente prestó juramento antes de hacer un llamado a la unidad nacional, a la forja de un nuevo contrato social ciudadano y a “superar el muro del rencor y del odio”. Alberto Fernández hizo al mismo tiempo un severo balance de la situación económica del país al cabo de cuatro años del gobierno de centro derecha de Mauricio Macri. Sostuvo que la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno saliente no es pagable puesto que no ha servido para hacer crecer la economía. En su discurso inaugural, Alberto Fernández hizo también anuncios sobre temas políticos y judiciales, prometiendo que “nunca más habrá una Justicia contaminada por servicios de inteligencia y manejos oscuros”. Terminó su discurso con el compromiso de restablecer la confianza en las instituciones cuando se cumplan cuarenta años de democracia, recuperada al término de siete años de dictadura militar. Citó por eso al expresidente radical Raúl Alfonsín quien solía decir: “Con democracia se cura, se come y se educa”. El nuevo presidente tendrá un margen de acción limitado entre las demandas sociales y los malos indicadores económicos. Pero además, tendrá que afirmar su independencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien solo la inmunidad del cargo protege en los numerosos juicios de corrupción que se le siguen. De acuerdo a como se resuelva el doble desafío que enfrenta Fernández, podremos saber si Borges tenía razón cuando dijo: “Los peronistas no son ni buenos ni malos. Son incorregibles”.
Las cosas como son
