Tensión en la selva: Las claves de la protesta indígena por los derrames de petróleo

Un grupo de 400 indígenas mantiene, por séptimo día consecutivo, el control de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en Manseriche (Loreto). El reclamo es específico en ese apartado lugar de la Amazonía peruana: remediación por el daño ambiental por los derrames de petróleo en la gigantesca tubería de la estatal Petroperú.

La medida se produce luego de la fuga del mes pasado en la comunidad nativa Nuevo Progreso (declarada en emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud desde el 30 de junio). No se trata de un caso aislado: en lo que va del año van ocho derrames registrados en el Oleoducto, de acuerdo con información proporcionada por Osinergmin a RPP Noticias a través de una solicitud de acceso a la información.

Los manifestantes buscan ser atendidos por altos funcionarios del Ejecutivo, de ser posible por el mismo presidente Vizcarra, comenta Ismael Pérez, dirigente awajún y vocero de las federaciones indígenas que se sumaron a la protesta.

A la contaminación por petróleo se añade el sentimiento de desprotección: en la zona sobra pobreza, faltan servicios básicos, y hay problemas con la luz eléctrica. “San Lorenzo es capital de provincia pero no se puede sacar ni una radiografía. Tienes que ir a Yurimaguas, que demora 7 horas. O a Iquitos, que demora 15”, comenta a RPP el sacerdote salesiano Martín Quijano, párroco de San Lorenzo, Dátem del Marañón.

La respuesta del Gobierno es trabajar en un plan multianual para “cerrar brechas” en educación, salud, saneamiento. Así lo mencionó el viceministro de gobernanza, Raúl Molina el pasado martes 9 en Ampliación de Noticias de RPP.

Pero la medida de fuerza continúa.

Para el abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), el Estado anuncia como novedad algo que debe hacer por obligación. Además, considera que hay un intento de “presentar a la comunidades como las responsables de los derrames y las enemigas de las política extractiva petrolera”.

El informe Villanueva

Petroperú afirma que los derrames son producto de “actos delincuenciales” y “atentados”. Además, señala que las comunidades impiden las acciones para contener el avance del petróleo derramado. Este punto es uno de los pedidos de los pueblos indígenas: que se investigue y sancione a los responsables por las fugas contaminantes.

El Congreso tomó la tarea: la Comisión Investigadora Multipartidaria de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, liderada por el ex primer ministro y actual parlamentario César Villanueva, llegó a conclusiones interesantes. Tras cerca de un año de trabajo, la comisión calculó que las pérdidas económicas por derrames de petróleo alcanzan los S/ 1,000 millones. Encontró, además, responsabilidad en PetroPerú, por no dar mantenimiento al ducto.

La Comisión prácticamente descartó que las comunidades indígenas sean las responsables de las fugas. “No se ha encontrado indicios razonables que permitan establecer vínculos en las comunidades frente a los derrames”, señala el documento.

Por el contrario, encontró indicios de una red de corrupción que incluye a funcionarios y exfuncionarios de PetroPerú, que habrían concertado para que empresas sin experiencia ni capacidad financiera obtengan contratos de hasta 55 millones de soles. ¿Qué tarea debían realizar estas empresas? La remediación ambiental. Un trabajo que, según el informe, tuvo serias deficiencias, como la contratación de menores de edad tras el derrame en Cuninico.

La votación sobre el futuro del informe, una decisión clave para miles de indígenas de la selva peruana, tuvo como principal protagonista al ausentismo: la tercera parte del total de congresistas no acudió a votar el pasado 15 de mayo. El informe fue archivado.

Cerca de un mes después de la votación en el Parlamento, una tubería empezó a vomitar petróleo en Manseriche. Otra fuga se registró el 9 de julio, esta vez en Amazonas.

Sanciones que se desvanecen

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya sancionó a Petroperú con una multa de cerca de 50 millones de soles por los derrames de petróleo de Bagua y Datem del Marañon en el 2016. En otra resolución, OEFA ordenó a la empresa dar mantenimiento al oleoducto, una red de tuberías inaugurada hace 42 años, y que lleva los hidrocarburos extraídos del sótano de la selva amazónica hasta la refinería de Talara.

La petrolera estatal impugnó las resoluciones porque considera que OEFA no tienen competencia para imponer este tipo de sanciones. En la práctica, llevar las sanciones a la vía judicial significa que la ejecución de las mismas podría tardar años. Pero la demora puede volverse inflamable en un país en el que ocurren 25 derrames de petróleo al año en promedio, según información de Osinergmin.

La abogada Cristina Blanco, investigadora del Idehpucp especializada en empresas y derechos humanos, y columnista de RPP, apunta que los estándares internacionales exigen a las empresas prevenir las afectaciones y, en caso de que estas ocurran (como con los derrames), deben tomar todas las medidas para que se repare, se remedie la afectación. “Las empresas estatales deberían liderar con el ejemplo, deberían cumplir con estos estándares”, agrega.

“No vamos a encubrir a nadie”

Beatriz Alva Hart, Gerenta de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, reconoce que en años anteriores “hubo problemas de cumplimiento de compromisos ”, pero asegura que actualmente hay un replanteo, una apuesta por reconstruir  las relaciones con las comunidades.

Alva indica que la empresa promueve proyectos de agua, desagüe, avicultura, piscicultura, entre otros. “Por ejemplo, vamos a tener 16 soluciones integrales en agua y desagüe para 16 comunidades de Morona (afectadas por los derrames del 2016)”, comenta a RPP Noticias.

Por otro lado, concuerda con que se debe investigar las causas de los derrames. “Si el dirigente Ismael Pérez considera que existe corrupción, que Petroperú está coludido con algunas empresas, que lo denuncie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie”. Agrega que la empresa inició investigaciones respecto de los hallazgos del informe de la Comisión Villanueva.

“Todo proceso tiene oportunidad de mejora, y es lo que estamos haciendo”, agrega Alva.

La PCM ha convocado a las comunidades a una reunión para el próximo martes 16. Hasta el cierre de esta nota, estas aún no han respondido.