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Abogada en derecho internacional
Profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la PUCP e investigadora doctoral en la Universidad de Essex, Reino Unido. Responsable de la línea Empresas y derechos humanos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). Docente de Derecho Humanos en la PUCP y Especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.
¿Por qué un tribunal italiano puede juzgar a no italianos por delitos cometidos fuera de Italia? Como regla general, los tribunales tienen competencia sobre los delitos cometidos dentro de su territorio, pero se reconocen también otros nexos jurisdiccionales para que un juez ejerza competencia por hechos ocurridos fuera.
En enero de este año, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 3793/2018-PE para "prevenir, eliminar y sancionar el racismo y la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones".
El pasado 8 de abril una jueza condenó a un periodista a un año de prisión suspendida, 120 días de trabajo social y el pago de S/.80 mil por reparación civil.
Ya estamos aquí, una vez más, ante la escalada de un conflicto social de larga data, que pudo probablemente evitarse. Aunque el diálogo parece estar primando, su ruptura y el desencadenamiento en enfrentamientos es un riesgo todavía posible.
No hay una frontera fija entre lo que ingresa al Derecho y lo que se mantiene como un uso social. Cuando un comportamiento pasa a tener un orden de importancia vital, puede ingresar al ámbito regulado por el Derecho, a ser una norma jurídica.
Es cierto que las mujeres somos capaces de ganar cargos y espacios de poder, con base en méritos. Pero también es cierto que las reglas de juego no son iguales.
La prisión preventiva es por definición una medida excepcional, reservada para casos en que hay peligro de fuga o riesgo de obstaculización del proceso. La regla es que la persona enfrente el proceso penal en libertad.
El presidente de la República puede indultar y el Fiscal de la Nación puede decidir no ratificar a un fiscal, según nuestro ordenamiento interno. Pero lo que no pueden hacer ellos, ni ninguna otra autoridad o funcionario público, es usar las facultades que la ley les da de modo arbitrario.
Más de una vez se ha visto en nuestro país y otros de la región, la paradoja de que quienes critican a la CIDH terminan en algún momento necesitando de ella.
El Estado debe elaborar una política sobre empresas y derechos, como las economías más avanzadas, pero avanzar no es tarea fácil cuando arrastramos una aun débil institucionalidad
