Ya estamos aquí, una vez más, ante la escalada de un conflicto social de larga data, que pudo probablemente evitarse. Aunque el diálogo parece estar primando, su ruptura y el desencadenamiento en enfrentamientos es un riesgo todavía posible.
No hay una frontera fija entre lo que ingresa al Derecho y lo que se mantiene como un uso social. Cuando un comportamiento pasa a tener un orden de importancia vital, puede ingresar al ámbito regulado por el Derecho, a ser una norma jurídica.
Es cierto que las mujeres somos capaces de ganar cargos y espacios de poder, con base en méritos. Pero también es cierto que las reglas de juego no son iguales.
La prisión preventiva es por definición una medida excepcional, reservada para casos en que hay peligro de fuga o riesgo de obstaculización del proceso. La regla es que la persona enfrente el proceso penal en libertad.
El presidente de la República puede indultar y el Fiscal de la Nación puede decidir no ratificar a un fiscal, según nuestro ordenamiento interno. Pero lo que no pueden hacer ellos, ni ninguna otra autoridad o funcionario público, es usar las facultades que la ley les da de modo arbitrario.
Más de una vez se ha visto en nuestro país y otros de la región, la paradoja de que quienes critican a la CIDH terminan en algún momento necesitando de ella.
El Estado debe elaborar una política sobre empresas y derechos, como las economías más avanzadas, pero avanzar no es tarea fácil cuando arrastramos una aun débil institucionalidad
