Así lo dio a conocer, Felipa Marchán, exdirigente de la comisión de regantes del distrito de San Jacinto, productora de plátano y mujer de campo.
En asamblea urgente, convocada por la Junta de Usuarios del Valle de Tumbes, integrada por 20 comisiones de riego, que involucra a más de 4,500 agricultores, se acordó dar un plazo de 10 días, para que el Gobierno central proceda a la declaratoria de emergencia del agro tumbesino.
Así lo dio a conocer, Felipa Marchán, exdirigente de la comisión de regantes del distrito de San Jacinto, productora de plátano y mujer de campo.
Marchán manifestó que en dicha reunión se propuso como una de las alternativas de solución al grave problema que está afrontando el agro, los bonos en alimentos que serían distribuidos, a través del gobierno regional, lo cual rechazó tajantemente porque se presta, según dijo, a manejos políticos y nadie garantiza que llegará dicha ayuda a los agricultores afectados por las lluvias y desbordes del río, que ha destruido 4 mil hectáreas, entre cultivos de plátano y arroz.
A diferencia de la anterior propuesta, ella planteó que el Gobierno central asigne un presupuesto especial, que sirva para pagar jornales a los agricultores por trabajo realizado.
“No queremos que nos regalen alimentos ni estar como mendigos, lo que exigimos es que nos traten con dignidad, que nos permita sostener a nuestras familias con decoro mientras dure la emergencia y la etapa de rehabilitación de nuestros campos de producción”, refirió la exdirigente, lo que finalmente fue aprobado por toda la asamblea.
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