Entre ellos figuran alcaldes y dirigentes de la zona sur, en calidad de autores e instigadores por la presunta comisión de diversos delitos contra el orden público.
Tras los disturbios y daños que se suscitaron en la ciudad de Puno, durante la huelga indefinida contra las concesiones mineras y petroleras en la zona sur, un total de 28 de personas fueron denunciadas por diversos delitos ante el Ministerio Público.
El procurador público adjunto especializado en asuntos de orden público del Ministerio del Interior, Jorge Julca Ramírez, interpuso la denuncia contra dirigentes y autoridades en calidad de autores materiales e instigadores de la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.
También se incluye el delito contra los medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios y apología.
Así como el presunto delito contra el derecho al sufragio en la modalidad de perturbación violenta del proceso electoral, suscitados en Yunguyo y Juli, además de los distritos de Desaguadero y la ciudad de Puno, en agravio del estado peruano y el Ministerio del Interior.
Entre los denunciados está el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, Walter Aduviri Calizaya y los dirigentes Domingo Choquecota Quispe, Edwin Condori Chipana, Gilver Chura Yupanqui, Benjamín Choque.
En la lista también están inmersos Patricio Illacutipa Illacutipa, José Chambilla Musaja, Santiago Lina Alave, Carmelo Machaca Loza, Héctor Gabriel Luna Tapia, Wilson Quispe Mendoza, Rufino Machaca Quinto y Ernesto Chura Yupanqui.
Además del presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Desaguadero, Javier Pari Sarmiento; el miembro del Conacami Lampa, Pablo Salas Charca; el dirigente aymara de la Unión de Comunidades Aymaras, José Cupi Claros.
El secretario regional del Sute en Puno, Efraín Condori Ramos; el presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, Guido Vélez Carita, el decano del Colegio de Abogados de Puno, Lino Aranzamendi Ninacondor.
Entre las autoridades de gobiernos locales, están los alcaldes provinciales de Yunguyo, Walker Chalco Rondón; Chucuito-Juli, Juan Aguilar Olivera y los burgomaestres distritales de Pomata, Agustín Quispe Galindo; de Desaguadero, Juan Carlos Aquino Condori; de Pilcuyo, David Quille Gómez; de Zepita, Ricardo Felipe Jiménez Castillo y de Copani, Aureliano Alejo Calisaya.
Así como los consejeros regionales representantes de las provincias de Chucuito-Juli, José Cormillumi Quispe y por Yunguyo, Alex Flores Zevallos.
Según el numeral 9 del documento sindica a los alcaldes de Yunguyo, Juli, Desaguadero, Pilcuyo, Zepita y Copani como denunciados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, así como contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos por su calidad de funcionarios públicos.
Ellos habrían tenido participación activa en la huelga indefinida contraviniendo el artículo 42 de la Constitución Política del Perú; mientras el decano del Colegio de Abogados, Lino Aranzamendi fue denunciado por el delito contra el orden público en la modalidad de apología, por las declaraciones brindadas a un medio escrito regional.
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