La Comisión de Juristas Contra la Corrupción de Cusco señala que la empresa a cargo de la construcción no puede apelar el fallo que ordena la demolición del inmueble. En tanto, la empresa inmobiliaria RyG S.A.C evalúa recurrir a instancias internacionales para resolver el conflicto.
La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó la demolición del hotel Sheraton, ubicado en la cuadra 6 de la calle Saphy, en el Centro Histórico de Cusco. La ejecución de esta sentencia estará a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Pero, ¿por qué se toma esta decisión judicial y qué ocurrirá tras la destrucción del edificio? Estas son las razones del fallo.
La abogada Tika Luizar Obregón, representante de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción de Cusco, señaló en RPP Noticias que la empresa inmobiliaria RyG S.A.C. solo tenía permitido hacer una construcción de dos pisos sin sótano. En lugar de ello, han construido nueve pisos con dos niveles de sótano, una obra que “ya tiene un avance del 90%”.
Esta obra ha afectado al menos cinco muros de estructura prehispánica inca “atentando contra el patrimonio arqueológico”. “El permiso nunca ha sido para la destrucción de los andenes inca, sino únicamente para la construcción de un inmueble”, agregó.
Plazos
No hay una fecha específica para ejecutar la demolición, pues una vez que la Dirección Desconcentrada de Cultura sea notificada por la Corte de Justicia de Cusco, transcurrirá un plazo de 10 días en el que existe la posibilidad para los demandantes de interponer un recurso de agravio.
Según Luizar Obregón, dicha acción solo es facultad de la parte demandante, es decir de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción de Cusco. Por ello, señala, la empresa no podrá apelar el fallo.
Sin embargo, descartó que la Comisión de Juristas que representa planee interponer el recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional.
Luego de ello, el expediente retornaría al juzgado de origen y el juez constitucional otorga un plazo de entre tres y cinco días para iniciar la demolición.
Tras la demolición, la empresa está obligada a restituir los andenes incas. “La objeción a la construcción no es solo un cuestionamiento a los parámetros urbanísticos, sino fundamentalmente al patrimonio”, precisó la abogada.
¿Qué dice la empresa?
Por su parte, el abogado Hugo Corimayta, representante legal de la empresa inmobiliaria RyG S.A.C, calificó de “arbitraria y contraria a toda norma jurídica” la decisión de la Corte y señaló que están evaluando la forma de recurrir al Tribunal Constitucional.
Incluso, indicó que “un tema de garantías constitucionales da la posibilidad de recurrir a instancias internacionales”.
Según el abogado, existe un peritaje que señala que es uno -en lugar de cinco- el andén afectado por la construcción del hotel. Además, retó a la Dirección Desconcentrada de Cultura a ir “con sus picos y palos a demoler” la infraestructura.
Señaló también que la empresa ha tenido un perjuicio económico de más de 50 millones de dólares y responsabiliza de ello a la Municipalidad de Cusco y a la Dirección de Cultura. Los propietarios de la inmobiliaria, acotó, aún analizan la posibilidad de demandar a las institucionales por daños y perjuicios.
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