Tras una mesa de diálogo en la PCM, el Frente de Defensa de Machu Picchu extiende la tregua por 72 horas para buscar una solución al conflicto sobre el transporte en la ruta Hiram Bingham, garantizando el acceso a la ciudadela inca.
El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, anunció la ampliación por 72 horas de la tregua en el paro pacífico que afecta la ruta hacia Machu Picchu, tras una reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Lima.
"Nos hemos puesto en comunicación hace pocos minutos con nuestros dirigentes y lo que se ha quedado es pues dar una tregua de 72 horas para poder dar solución, tomando en cuenta que hay la voluntad del Estado de poder buscar una solución y garantizar la seguridad como corresponde en el traslado de las unidades vehiculares hacia Machu Picchu", dijo el dirigente al salir de la mesa de diálogo.
Baca destacó la presencia de las empresa San Antonio de Torontoy y del consorcio Consettur, implicados en el conflicto, así como de los funcionarios de la presidencia del Consejo del Ministro y otros representantes del Estado.
El dirigente explicó que tras el acuerdo la reunión se suspendió hasta mañana, sábado a las 5:00 p.m. con la solicitud de que participen los alcaldes de Machupicchu Pueblo y Urubamba.
Según Baca, la presencia de estas autoridades es clave para avanzar en el plan de contingencia propuesto por la Municipalidad Provincial de Urubamba, que regula el transporte en la ruta Hiram Bingham, con la participación de la empresa San António Torontoy, "que es propiamente al 100% de las comunidades de Machu Picchu", las "empresas asociadas que están en Consettur" y "las empresas nuevas de Machu Picchu y [...] de las comunidades".
Conflicto en la ruta a Machu Picchu
El conflicto en Machu Picchu se originó el último 4 de septiembre, cuando finalizó el contrato de 30 años que permitía a la empresa Consettur operar los buses en la ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca.
La Municipalidad Provincial de Urubamba adjudicó temporalmente la operación a la empresa San Antonio de Torontoy, conformada por comunidades campesinas, pero el inicio de sus servicios fue saboteado el 12 de septiembre por personas no identificadas que dañaron un tren destinado a trasladar los vehículos.
Las comunidades denunciaron que las autoridades locales y sectores vinculados a Consettur estarían obstaculizando la nueva operación con “excusas técnicas y administrativas”.
Esto desencadenó un paro que afectó el acceso a Machu Picchu, incluyendo la suspensión temporal de los servicios ferroviarios de PeruRail e Inca Rail.
La tregua inicial de 72 horas permitió restablecer el servicio de trenes y buses, movilizando a más de 200 turistas el jueves, pero la incertidumbre persiste.
Demandas de las comunidades de Machu Picchu
Las comunidades de Machu Picchu han presentado un pliego de cinco demandas específicas:
- Respeto a la adjudicación: Exigen que se cumpla la autorización otorgada a San Antonio de Torontoy para operar 18 buses en la ruta Hiram Bingham, aprobada por la Municipalidad de Urubamba.
- Restablecimiento del servicio ferroviario: Piden la reanudación de los trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu, interrumpidos por los actos de sabotaje.
- Traslado progresivo de buses: Solicitan una transición ordenada para incorporar más unidades vehiculares, promoviendo competencia en el servicio.
- Mediación de la Defensoría del Pueblo: Reclaman la intervención de esta institución para facilitar el diálogo entre las partes.
- Operatividad de los trenes: Instan a PeruRail e Inca Rail a retomar plenamente sus servicios hacia Machu Picchu.