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La Libertad: ¿Por qué las intervenciones a menores de edad por actos criminales han aumentado en casi un 50% respecto al año pasado?

Más de 400 menores de edad han sido intervenidos por actos criminales en la región La Libertad.
Más de 400 menores de edad han sido intervenidos por actos criminales en la región La Libertad. | Fuente: Policía Nacional

En lo que va del año, en la región La Libertad, la policía ha intervenido a 409 menores de edad, por estar involucrados en diferentes actos delictivos como sicariato, extorsión y venta de drogas.

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Durante el 2025, la región La Libertad ha registrado un incremento en los casos de menores de edad involucrados en actos delictivos. Las cifras hablan por sí solas: en 2024, entre los meses de enero y junio, se reportaron 268 intervenciones; sin embargo, en el mismo periodo de tiempo en este año 2025, se han registrado 409 intervenciones a menores, es decir, un aumento de casi un 50%.

La situación pone en evidencia la creciente participación de adolescentes en delitos graves como el sicariato y la extorsión, según lo señaló en RPP, el exjefe de la Policía en esta región, Roger Torres.

El especialista señaló que, más allá del aspecto legal, el problema es estructural. “Entre las causas de fondo, está la descomposición del núcleo familiar, la pobreza, los hogares disfuncionales y la falta de orientación. Muchos padres desconocen las actividades ilícitas en las que están envueltos sus hijos, y los menores son fácilmente manipulados por adultos pertenecientes a organizaciones criminales”, puntualizó.

La mayoría de menores intervenidos estuvieron involucrados en diferentes actos delictivos como sicariato, extorsión y venta de drogas.
La mayoría de menores intervenidos estuvieron involucrados en diferentes actos delictivos como sicariato, extorsión y venta de drogas. | Fuente: Policía Nacional

La Libertad: Adolescentes son juzgados como adultos

Roger Torres precisó que este incremento se presenta pese a la aplicación de la Ley N.º 32330 que permite que menores de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos cuando se trata de delitos graves.

“Pese al endurecimiento de las penas, el problema persiste y podría agravarse si no se toma una decisión firme desde un enfoque multisectorial. La respuesta actual –detención e internamiento carcelario– no está funcionando como solución a largo plazo. Lo que se quiere son menores resocializados e incorporados a una sociedad con valores y ética”, señaló en RPP.

La lógica delictiva es clara, según Torres: las bandas utilizan a los adolescentes como “entes operativos” que ejecutan actos como colocar explosivos o cometer asesinatos, reduciendo así el riesgo para los cabecillas, que no se ven directamente involucrados en los hechos. Esto se agrava por el desconocimiento de los menores respecto a las leyes que los alcanzan, y por la inexistencia de una estrategia real de prevención o resocialización.

Menores ya son procesados como adultos

Producto de la aplicación de la Ley Nº 32330, en la región La Libertad, a la fecha ocho menores ya han sido internados en el penal El Milagro, según informó a la agencia Andina, la representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, Maricarmen Olórtegui.

La funcionaria dijo que es preocupante la situación de los menores y precisó que la posición de la Defensoría del Pueblo es que “los menores no deben ir directo al penal, sino a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo para pasar su proceso de resocialización”.

Olórtegui indicó que son siete varones y una mujer, que proceden de las provincias de Trujillo, Julcán, Virú y Paiján, los que están recluidos en el mencionado penal y, en su mayoría, por el delito de extorsión.

Roger Torres, exjefe de la Policía, también manifestó que los distritos de Chao (provincia de Virú), El Porvenir y La Esperanza (provincia de Trujillo) encabezan la lista de zonas con mayor número de menores internados por delitos graves, lo cual coincide con la concentración de crímenes violentos en estos sectores.

El panorama exige no solo medidas punitivas, sino también un compromiso articulado entre Estado, familia, escuela y comunidad para frenar esta tendencia creciente y construir alternativas reales para miles de adolescentes atrapados por el crimen.

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