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Dos familiares de los trabajadores asesinados por los criminales indicaron a RPP que solo reciben información a través de los deudos que se encuentran en la zona y por colegas de las víctimas. Exigen que las autoridades y la minera los ayuden con el traslado de los cadáveres a sus ciudades natales.
La minera Poderosa confirmó que esta mañana fueron encontrados los cuerpos sin vida de los trece trabajadores que, el pasado 26 de abril, fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en la provincia de Pataz, región La Libertad.
Al respecto, RPP conversó con dos familiares de las víctimas, que llegaron hasta la ciudad de Trujillo en busca de noticias sobre ellos. Los deudos indicaron que fueron informados del hallazgo de los cuerpos por otros familiares que lograron llegar hasta Pataz y por colegas de los trabajadores, y que, hasta el momento, no reciben información oficial por parte de las autoridades.
Abraham Domínguez Quiroz, padre de Dayter Domínguez Ramírez, uno de los trabajadores asesinados, dijo que fue "un muchacho que trabaja en la mina" quien le dio la información sobre su hijo.
"Hay un muchacho que trabaja en la mina y dio la información de que los habían matado. Recién me enteré después de lo que sucedido. Tengo ya tres días acá en Trujillo”, sostuvo.
El papá de víctima indicó que vino desde Tumbes a la capital de la región La Libertad y que espera información de las autoridades y el apoyo para trasladar el cuerpo de su hijo a su ciudad natal, quien llevaba 4 meses trabajando en Pataz.
"Estoy esperando información acá, porque tenemos un grupo. Los demás padres están en Pataz y ellos nos informan lo que estaba sucediendo. Ya están viniendo con los cuerpos. Pedimos a las autoridades que nos apoyen para poder llevar a nuestros hijos a que sean enterrados en nuestras ciudades", aseveró.
"Yo no tengo noticias de las autoridades"
Por su parte, Blanca Panta, madre de Darwin Javier Cobeñas Panta, uno de los miembros del personal de seguridad que figura entre las víctimas, indicó que vino desde el Bajo Piura con la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Ella también acusó la falta de información oficial sobre el traslado de los restos de su hijo a Trujillo.
"No sé exactamente a qué horas [llegarán los cuerpos], porque están saliendo en una camioneta. Yo no tengo noticias de las autoridades, sino de los mismos familiares que están allá, de los otros trabajadores que se encuentran allá. Ellos son los que nos están informando que los cadáveres los van a traer en una camioneta. Como nosotros que estamos acá son este dolor tan grande, no les podemos estar preguntando tanto a ellos”, indicó.
"Yo con mucho esfuerzo he llegado a Trujillo, por ahí consiguiendo para mi pasaje para llegar hasta acá, pensando encontrar a mi hijo vivo, abrazarlo, pero no ha sido posible. Ahora me lo van a entregar en la morgue y yo no cuento con medios económicos para hacer todos esos gastos. Él era el sustento de mi hogar, porque mi esposo falleció […] y tengo una niña de 13 años que está en el colegio. Él era quien velaba por los gastos de mi hija", agregó.
La madre de la víctima también pidió apoyo a las autoridades y a la empresa minera para costear el traslado del cuerpo de su hijo a Piura.
"Pido justicia y que la empresa se haga responsable para llevar a mi hijo hasta la ciudad de Piura. Yo esperaba una buena noticia de que mi hijo venga vivo, pero lamentablemente ya se confirmó que los han matado y que los traen muertos hasta la ciudad de Trujillo [...] Pido apoyo económico, que me ayude, por favor, la empresa, que se haga responsable. Que las autoridades pongan mano dura para que la empresa nos ayude", resaltó.
Minera Poderosa lamentó lo sucedido y señaló la responsabilidad del Ejecutivo y el Congreso
Por su parte, a través de un comunicado difundido hoy, la minera Poderosa lamentó el fallecimiento de las 13 personas "que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal" y resaltó que ya son casi 40 personas que han sido víctimas mortales de ese tipo de delincuencia.
"De esta manera, suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades", indicó.
En ese sentido, la compañía señaló la responsabilidad que tendría el Ejecutivo y el Congreso en que Pataz se encuentre en una "espiral de violencia descontrolada", pese a "la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona".
"No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actuan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada", indicó.
"Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retiarar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción", resaltó.
"Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso", enfatizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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