Pese a las dificultades, mantiene la esperanza de encontrar justicia a más de cinco años de iniciado el proceso.
Han pasado más de cinco años desde que se inició el proceso penal para sancionar a los responsables de la muerte de cuatro comuneros, durante el conflicto minero Conga en Cajamarca y hasta el momento no se ha individualizado a los culpables y existen altas probabilidades de el caso quede impune.
Los familias de dos de las victimas llegaron hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, distrito judicial donde se lleva el caso, para pedir que se reabra y se traslade el proceso a Celendín, porque hasta el momento se desconoce quién disparó a las cuatro personas, entre ellas un adolescente de 16 años, quienes fallecieron durante el conflicto el 03 de julio del 2012.
“Mi hijito tenía 16 años y le dispararon desde un helicóptero. Llevamos mucho tiempo esperando y no tenemos el nombre de los uresponsables. Nos vemos obligados a viajar constantemente a Chiclayo para hacerle seguimiento al proceso y no vemos resultados, habiendo transcurrido casi seis años. Tal parece qe la justicia se aplica sólo para quienes cuentan con suficiente dinero, pero no para nosotros los humildes del campo”, indicó la señora Maximila Aguilar Vásquez.
A su turno, la señora Adelaida Tabaco Leyva esposa del fallecido, Paulino García Rojas, lamentó que ni siquiera se haya logrado una reparación para las familias afectadas.
Coordinadora de Derechos Humanos
Abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos llegaron a Chiclayo, para apoyar a estas familias. Ellos pidieron que se realicen nuevas pericias para determinar quiénes fueron los militares y policías que dispararon contra los campesinos. O en su defecto sancionar a los mandos superiores responsables de esto.
“La Primera Fiscalía Penal quiere archivar la investigación y está culpando a los campesinos que se manifestaron. La fiscalía no ha hecho bien su trabajo, no se quiere sancionar a los verdaderos responsables, se debe reabrir este caso y estas familias deben encontrar justicia” indicó Mar Pérez abogada de la CNDDHH. Por su parte, Miguel Jugo pidió a la Fiscalía validar las pruebas en la zona de Celendín, pues por razones de geografía y lejanía no han sido tomadas en cuenta en este proceso.
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