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por Sergio Espinoza
·En RPP, el abogado Humberto Abanto dijo que inicialmente se planeaba que Patricia Benavides cumpla sus funciones hasta el 1 de julio; sin embargo, señaló que la posición cambió ante “un intento de profundizar el agravio”, en referencia a la resolución judicial que dispuso la suspensión de su patrocinada.
Humberto Abanto, uno de los abogados de Patricia Benavides, dijo que consultará a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) si su patrocinada podría extender sus funciones como fiscal de la Nación para cubrir los meses en que no ejerció el cargo.
El defensor legal se pronunció en ese sentido ante la posibilidad de que se anule la resolución judicial que dispuso la suspensión preventiva contra Benavides Vargas por un plazo de 24 meses, tras presentarse una apelación contra la decisión del juez Segismundo León.
Abanto señaló que inicialmente se postulaba que Patricia Benavides asumiera funciones hasta el 1 de julio, día en que expiraba su gestión para el periodo 2022-2025, en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que disponía su retorno como fiscal de la Nación.
En esa misma línea, Jorge del Castillo, otro de los abogados de Benavides, señaló en conferencia de prensa que, "en su momento", evaluarán extender el período para que su patrocinada se mantenga en el cargo.
Cabe destacar que Benavides mencionó que tanto Jorge del Castillo como Humberto Abanto trabajan para ella ad honorem; es decir, no reciben ningún pago por sus servicios profesionales.
“Se ve un intento de profundizar el agravio”, dice Humberto Abanto
Sin embargo, Abanto dijo que la estrategia “cambió” después de que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no cediera el puesto y por la decisión del juez Segismundo León, quien acogió en parte el pedido del Ministerio Público se suspendiera a Benavides Vargas.
“He sostenido eso [que Patricia Benavides asuma hasta el 1 de julio] hasta que vi esta actuación de mala fe. Cuando uno ve que lo que se intenta es consolidar una violación de un derecho, uno tiene que pensar las cosas”, argumentó.
“Se ve un intento de profundizar el agravio. Ante el cambio de los hechos tengo que cambiar de opinión. El cambio no es caprichoso, el cambio tiene que ver porque veo que hay un intento de profundizar el agravio a la señora Benavides”, añadió.
Abanto dijo que existen antecedentes y mencionó el caso Tribunal Constitucional vs. Perú del año 2001, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) estableció la vulneración de los derechos de los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo, quienes habían sido destituidos por el Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori.
“La Corte IDH estableció no solo la restitución [de los magistrados] cuando estaban con mandato vencido, sino la reposición del plazo perjudicado. Vamos a preguntarle a la JNJ cuál de los criterios se aplicará si el del caso Falconi Picardo o el plazo de la Corte IDH”, concluyó.
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