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por Redacción RPP
·El abogado penalista Roberto Pereira indicó que este tipo de medidas son impulsadas por autoridades que no tienen claro que están sometidos a un control por parte de la prensa y la ciudadanía.
Roberto Pereira, abogado penalista, señaló este miércoles como un atentado a la libertad de expresión el proyecto que se verá en la Comisión de Justicia del Congreso de la República que busca sancionar a la prensa por la difusión de correos y chats relacionados a investigaciones, el cual consideró representaría un atentado a la libertad de expresión.
En declaraciones la Rotativa del aire-edición tarde de RPP, el penalista indicó que este tipo de medidas buscan acallar a los periodistas con los cuales los funcionarios discrepan, además de dar un mensaje a todos los demás, imponiendo una línea respecto de lo que se debe o no informar.
“Creo que en general hay un ambiente hostil que se ha ido acentuando de un tiempo a esta parte y pronostico, ojalá me equivoque, se va a agravar aún más conforme ingresemos o conforme avancemos en el periodo electoral y esto parte básicamente de autoridades del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo, a través de la presentación de una serie de proyectos de leyes que claramente contradicen la libertad de expresión”, sostuvo.
“Lo que se busca con estas medidas, sean legislativas o sean del Ejecutivo, es la autocensura, no solamente acallar al periodista en concreto con el cual el funcionario discrepa, sino, además, dar un mensaje a todos los demás, sobre que no se informa sobre determinadas cosas o determinados personajes”, añadió.
"Los funcionarios están sometidos a un control"
Pereira indicó también que diversas autoridades en diversos niveles del Estado han tenido una actitud confrontacional con la prensa, por lo que dijo que no han entendido que al llegar a un cargo de elección popular o de confianza deben estar sometidos a un control por parte de la prensa y ciudadanía.
“No entienden que los funcionarios están sometidos a un control por parte de la prensa y la ciudadanía, sin duda que tienen un deber de tolerancia frente a injerencias en ámbitos que, a privados, por ejemplo, no se les podría tratar. Es parte del concepto de funcionario el que esté sometidos a mayor escrutinio y por lo tanto adquieren un deber de tolerancia frente a eso”, dijo.
Asimismo, el penalista indicó que la insistencia en las denuncias a periodistas también es responsabilidad del Poder Judicial, al cual cuestionó por aprobar de manera “mecánica” las querellas de parte de funcionarios contra los hombres y mujeres de prensa que realizan investigaciones que los involucran.
“Creo que está fallando el Poder Judicial porque además hay una norma del Código Procesal Penal que obliga a calificar la demanda para ver si tiene algún tipo de fundabilidad o de razonabilidad y claramente la gran parte de estas denuncias y estas querellas que se plantean por delitos carecen absolutamente de fundamentos y deberían ser rechazadas de plano; sin embargo, esto no está ocurriendo, ocurre excepcionalmente y cuando ocurre los querellantes apelan y las salas superiores revocan la decisión y ordenan abrir los procesos judiciales”, manifestó.
El proyecto
El último 3 de setiembre, la Comisión de Justicia del Congreso debatió un predictamen que pretende modificar el artículo 164 del Código Penal, a fin de extender el delito de “publicación indebida de correspondencia” para incluir correos electrónicos y mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, entre otros) a través de redes sociales.
De acuerdo con el texto, la sanción se impondría contra quienes hagan público mensajes privados "sin que medie interés público y causando perjuicio".
Tras ello, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su rechazo y recordó que "la difusión de chats y correos ha contribuido positivamente con la propalación de información de relevancia pública como los recordados chats de 'La Botica' y 'Mototaxi'.
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