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por Sergio Espinoza
·En Ampliación de Noticias, el abogado Roberto Pereira señaló que el Congreso tiene un patrón de comportamiento para vulnerar la libertad de información.
La aprobación, en primera votación, del texto sustitutorio que propone aumentar las penas por calumnia y difamación es parte de un intento continuo del Congreso para debilitar la libertad de expresión, señaló esta mañana el abogado especialista en derecho penal, Roberto Pereira.
El dictamen, que engloba a los proyectos de ley 4431/2022 y 6718/2023, establece incrementar las penas por difamación hasta por cinco años y una multa equivalente a 365 días de ingreso, así como incorporar el delito de violación a la intimidad dentro de la difamación y reducir a un solo día el tiempo para atender las solicitudes de rectificación.
Al respecto, Pereira recordó que esta iniciativa deberá ser ratificada en una segunda votación y señaló que se enmarca “en un patrón de comportamiento” que ha tenido el Parlamento para vulnerar la libertad de información.
“Esta es una manifestación más de ese proceso de permanente intento del Congreso, donde están políticos, representados políticos, que son cuestionados por la prensa […]. Entonces, esto es una reacción más, un intento más de debilitar las garantías de la libertad de expresión”, comentó en el programa Ampliación de Noticias.
El objetivo es amedrentar, señala especialista
Para el especialista, no hay justificación para elevar a cinco años de cárcel la penas por difamación, debido a que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se estableció que la penalización de los excesos que se podrían cometer en los medios de comunicación se debe resolver a través de las normas civiles o del derecho de rectificación.
“En la sentencia Ramos Álvarez contra Venezuela y Baraona Brayvs contra Venezuela, contra Chile del año pasado, se ha establecido que la penalización o la criminalización per se de los excesos que se podrían cometer a través de medios de comunicación es incompatible con la Convención Americana por el efecto disuasivo que eso genera en la prensa”, alegó.
En ese sentido, Roberto Pereira alegó que el único propósito del Congreso es dar “un mensaje de amedrentamiento”.
“Eso es lo que está detrás, porque no existe ninguna justificación, algún problema aplicativo del delito de difamación en cuanto a la pena para elevarla a cinco años”, finiquitó.
Cabe precisar que los proyectos de ley 4431/2022 y 6718/2023 fueron presentados por Katy Ugarte (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) y Segundo Montalvo (Perú Libre), respectivamente. Cabe destacar que la primera parlamentaria viene siendo investigada por la Fiscalía por el caso ‘mochasueldos’.
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Sergio Espinoza Periodista
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