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por Redacción RPP
·La jueza María Martínez también espera recoger las declaraciones del canciller García Belaunde y de la congresista aprista Luciana León, en los próximos meses.
El presidente de la República, Alan García Pérez, y el titular del Congreso, Luis Alva Castro, deberán declarar en calidad de agraviados por las acciones de espionaje realizadas en su contra por la desactivada empresa Business Track (BTR).
La jueza María Martínez programó recoger el testimonio de García Pérez el próximo 19 de enero; mientras que Alva Castro deberá declarar el 18 de ese mismo mes.
En esta última fecha, también se recogerá las declaraciones en calidad de agraviada de la congresista aprista Luciana León, cuyo padre Rómulo León se encuentra preso por un caso relacionado a BTR.
El canciller José Antonio García Belaunde también ha sido considerado agraviado en este caso, por lo que su testimonio se recogerá el 15 de enero.
Estas diligencias las programó la jueza del 34 Juzgado Penal de Lima, María Elena Martínez, tras ampliar el auto de instrucción contra los procesados por el caso de la empresa Bussines Track (BTR).
De acuerdo a la denuncia, BTR interceptó las comunicaciones de diversas autoridades, entre ellas, Alberto Quimper, quien fue destituido de Perúpetro por presuntamente interceder en una concesión petrolera a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
La jueza María Martínez programó recoger el testimonio de García Pérez el próximo 19 de enero; mientras que Alva Castro deberá declarar el 18 de ese mismo mes.
En esta última fecha, también se recogerá las declaraciones en calidad de agraviada de la congresista aprista Luciana León, cuyo padre Rómulo León se encuentra preso por un caso relacionado a BTR.
El canciller José Antonio García Belaunde también ha sido considerado agraviado en este caso, por lo que su testimonio se recogerá el 15 de enero.
Estas diligencias las programó la jueza del 34 Juzgado Penal de Lima, María Elena Martínez, tras ampliar el auto de instrucción contra los procesados por el caso de la empresa Bussines Track (BTR).
De acuerdo a la denuncia, BTR interceptó las comunicaciones de diversas autoridades, entre ellas, Alberto Quimper, quien fue destituido de Perúpetro por presuntamente interceder en una concesión petrolera a favor de la empresa noruega Discover Petroleum.
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