Colas, aglomeraciones y pandemia [COLUMNA]

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La formación de largas colas para cobrar el bono familiar universal constituye una mala señal sobre todo lo que no hemos aprendido para limitar el contagio del coronavirus. La pregunta por qué el Perú tiene indicadores tan altos de contagios y muertes, halla una respuesta parcial en nuestra incapacidad de organizarnos. Lo grave de este caso es que era previsible que el aumento del padrón de beneficiarios iba a producir precisamente el efecto que se buscaba evitar con las restricciones que han causado la necesidad de distribuir bonos para garantizar el acceso a la comida.

El caso de Puente Piedra es ejemplar porque tenía indicadores epidemiológicos mejores que otros de Lima Norte, pero al mismo tiempo una red de agencias bancarias que atrae pobladores de los distritos vecinos. Las colas comenzaron a formarse durante la noche previa a la apertura de las agencias y llegaron a extenderse a lo largo de varias cuadras. Pero el fenómeno se ha producido también en regiones del interior.

La Defensoría del Pueblo y otras instituciones han venido pidiendo al Estado que se apoye sobre municipios y organizaciones para diseñar políticas eficaces contra el coronavirus. Aquí tenemos un ejemplo claro de la falta de un diseño adaptado a las circunstancias de nuestra realidad: la baja bancarización y las limitaciones para hacer gestiones por vía digital. A lo que habría que añadir la equivocada creencia de que mantener el confinamiento y el toque de queda pueden dar en el Perú los mismos resultados que han dado en países en los que no hay hacinamiento en los hogares, ni carencias de agua potable.

También hay falta de previsión en las persistentes fricciones entre las autoridades del transporte urbano y las empresas concesionarias. El anuncio de paros y de limitación del número de autobuses no puede sino acrecentar la inseguridad y debilitar la credibilidad de la autoridad, cualquiera que ella sea. La pandemia ha puesto de manifiesto las graves carencias de nuestro sistema de transporte en las ciudades, pero también en los trayectos interprovinciales. Hace pocos días se produjo un accidente mortal entre dos vehículos que no tenían licencia para ofrecer ese servicio. ¿Quién es responsable de controlar que se respete la ley y se garantice la seguridad de los ciudadanos?

El contralor Nelson Shack ha dado muestras de coherencia y autoridad en su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que como sabemos es presidida por un discutido ex-contralor, Edgar Alarcón, elegido congresista de UPP con el apoyo del condenado Antauro Humala. Shack ha pedido que Alarcón se inhiba de participar en la fiscalización sobre la Contraloría porque él mismo es objeto de investigaciones en esa entidad. El caso de Alarcón es emblemático de lo que la expresión popular denomina “poner al gato de despensero”. El presidente Manuel Merino debería velar por evitar que la imagen del Congreso se vea perjudicada por casos manifiestos de conflictos de interés.

En el plano internacional, nuestra Cancillería se halla ante una polarización creciente respecto a la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De la misma manera que los titulares del Fondo Monetario Internacional son europeos y los del Banco Mundial son norteamericanos, los presidentes del BID han sido siempre latinoamericanos. Esta tradición consagrada hace más de sesenta años por el expresidente Eisenhower no ha sido respetada por Donald Trump que propone a un asesor cercano, Mauricio Claver-Carone. Lo razonable era postergar la elección hasta después de las elecciones, pero 17 países insisten en que se lleven a cabo en septiembre. Lo que está en juego es nada menos que las prioridades de  un actor financiero que en las actuales condiciones de pandemia se ha vuelto más importante que nunca.

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