Mientras que el parlamentarios del APRA cuestionó la ´falta de reflejos´ del Ejecutivo, el legislador nacionalista pide la derogatoria del decreto legislativo.
Los congresistas Aurelio Pastor (APRA) y Daniel Abugattás (Nacionalista) cuestionaron al Gobierno por emitir el decreto legislativo 1097, que podría beneficiar a violadores de los derechos humanos mediante el archivamiento de sus procesos.
En diálogo con RPP, Pastor expresó su malestar por la "falta de reflejos" del Gobierno frente a este tema, que ha suscitado la desaprobación de la CIDH, de la Conferencia Episcopal y de la ONU.
"Me sorprende la falta de reflejos que vemos en el gobierno frente a este tema. Cuando uno debate y aprueba una norma de esta naturaleza entiende que habrá un nivel alto de confrontación y no escuchamos participación firme del gobierno", lamentó.
Para el parlamentario aprista, la inconstitucionalidad del decreto legislativo, dado por el Ejecutivo, no debe verse en el Tribunal Constitucional (TC), sino que debió agotarse todas las vías en el Congreso.
Pastor dijo que es necesario que el Gobierno informe no solo el aspecto jurídico de la norma, sino también los motivos o la finalidad por la cual se debe aprobar el decreto.
Por su parte, el congresista Abugattás sostuvo que el Partido Nacionalista presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC para derogar el decreto porque no confía en el control político del Congreso, tal y como sucedió con el decreto 1090 en el caso de Bagua.
Explicó que este decreto es ilegal porque declara la prescripción de delitos, pese a que está expresamente prohibido en la legislación internacional de derechos humanos.
Para Abugattás la única lectura es que se quiere generar "un manto de impunidad" a favor de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura fujimorista.
"Esto es parte del contubernio del convenio entre el APRA y el montesinismo. Esto tiene nombre propio", anotó.
En diálogo con RPP, Pastor expresó su malestar por la "falta de reflejos" del Gobierno frente a este tema, que ha suscitado la desaprobación de la CIDH, de la Conferencia Episcopal y de la ONU.
"Me sorprende la falta de reflejos que vemos en el gobierno frente a este tema. Cuando uno debate y aprueba una norma de esta naturaleza entiende que habrá un nivel alto de confrontación y no escuchamos participación firme del gobierno", lamentó.
Para el parlamentario aprista, la inconstitucionalidad del decreto legislativo, dado por el Ejecutivo, no debe verse en el Tribunal Constitucional (TC), sino que debió agotarse todas las vías en el Congreso.
Pastor dijo que es necesario que el Gobierno informe no solo el aspecto jurídico de la norma, sino también los motivos o la finalidad por la cual se debe aprobar el decreto.
Por su parte, el congresista Abugattás sostuvo que el Partido Nacionalista presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC para derogar el decreto porque no confía en el control político del Congreso, tal y como sucedió con el decreto 1090 en el caso de Bagua.
Explicó que este decreto es ilegal porque declara la prescripción de delitos, pese a que está expresamente prohibido en la legislación internacional de derechos humanos.
Para Abugattás la única lectura es que se quiere generar "un manto de impunidad" a favor de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en la dictadura fujimorista.
"Esto es parte del contubernio del convenio entre el APRA y el montesinismo. Esto tiene nombre propio", anotó.
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