Corte Suprema analizará cuidadosamente proyecto del negacionismo

César San Martín, titular del Poder Judicial, consideró que iniciativa no necesariamente pone en riesgo la libertad de expresión.

 

La Sala Plena de la Corte Suprema realizará una discusión “muy cuidadosa” sobre el proyecto de ley del negacionismo a fin de determinar si contribuye a garantizar un espacio de libertades y de democracia plena, informó el presidente del Poder Judicial, César San Martín.

Adelantó que junto a un grupo de expertos, el Poder Judicial ya empezó la evaluación de este tema que ha generado polémica en diversos sectores del país.

“Dada su importancia ya estoy trabajando con un grupo de expertos y habrá una discusión muy cuidadosa en la Sala Plena para determinar si es proporcional una ley como esta y si contribuye a garantizar un espacio de libertades y un espacio de democracia plena”, indicó a un canal de cable.

Si bien sostuvo que se trata de una iniciativa legislativa “muy polémica”, San Martín consideró que no necesariamente pone en riesgo la libertad de expresión, pues en el derecho comparado existen leyes de este tipo vigentes.

No obstante, sostuvo que se requiere de “mucha prudencia” y cuidado en la dación de normas de este tipo y en su interpretación.

“La pregunta que uno debe hacerse desde la política penal es si esta ley es necesaria, si la criminalización de conductas especialmente aberrantes que lesionan el sentimiento colectivo debe ser enjuiciada a partir del recurso del derecho penal”, dijo.

Añadió que la Sala Plena de la Corte Suprema no se pronunciará sobre si esta iniciativa es oportunidad o no, pues su análisis se centrará en el aspecto técnico y jurídico y si respeta o no la libertad de expresión.

El Consejo de Ministros aprobó el 24 de agosto el proyecto de ley sobre el “negacionismo”, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país.

El mencionado proyecto, según el Ejecutivo, busca proteger a la sociedad de “un lenguaje de odio” y de las amenaza contra la democracia en el país.

 La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, explicó que se busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo.

Andina