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Defensoría del Pueblo pide al Congreso reformular ley que integra los Comités de Autodefensa a la seguridad nacional

Ley que establece entrega de armas por parte del Estado y privados a los CAD sigue generando polémicas
Ley que establece entrega de armas por parte del Estado y privados a los CAD sigue generando polémicas | Fuente: Andina / referencial

La Defensoría del Pueblo señaló que la norma es "inaceptable" dentro de un Estado de derecho, ya que establece que grupos civiles tengan atribuciones que corresponden a la Policía y las FF.AA.

La Defensoría del Pueblo, mediante una comunicación remitida a la Comisión de Defensa del Congreso de la República, solicitó que se reconsideren los alcances de la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD) y permite la entrega de armas a estos grupos por parte del Estado y privados. Dicha ley fue aprobada por insistencia el pasado 16 de junio.

La Defensoría calificó de "inaceptable" que "dentro de un Estado constitucional" se permita que estos grupos civiles dispongan de mayor dotación de armas de fuego y se les traslade la "responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana".

"Esto supone concederles atribuciones que son propias de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, lo cual constituiría una renuncia de la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población", refirió la institución.

Replanteamiento

Como se recuerda, el congresista José Cueto de Renovación Popular, en diálogo con RPP Noticias, sostuvo que la Comisión de Defensa que integra revisaría la ley y que ésta podría modificarse o formularse otra.

“Es bueno remarcar que, como sabes, hemos recibido no una, cientos de críticas de todos lados”, dijo Cueto.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo instó a dicho grupo de trabajo a "reconsiderar sus alcances frente a los evidentes vicios de inconstitucionalidad". Asimismo, solicitó que se tomen en cuenta las "preocupaciones y demandas de los representantes de las organizaciones indígenas, rondas campesinas y de la sociedad civil".

"La referida norma vulnera el principio que reconoce al Estado el monopolio del uso de la fuerza y otros medios de coacción legítimos. Además, introduce elementos que serían perturbadores en las comunidades y centros poblados rurales al dotar de armas a grupos de civiles para cumplir funciones de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que corresponden exclusivamente a las instituciones especializadas en el uso de la fuerza pública", manifestó la Defensoría.

En ese sentido, la institución precisó que la norma "afecta los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y nativas, al disponer que los CAD formen parte de sus estructuras organizacionales".

Finalmente, la Defensoría señaló que evaluará "recurrir a las vías legales para expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en la referida que resulten inconstitucionales".

 


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