Defensoría preocupada por la implementación de Ley de Consulta Previa

La Defensoría del Pueblo manifestó su satisfacción por la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. No obstante, expresó una "preocupación realista" en la implementación de dicha norma.

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría, sostuvo que el Estado debe concebir la ley con criterios interculturales y ponerlas en consideración en un proceso de diálogo con los involucrados.

"La norma debe ser expuesta y tratar de persuadir sobre las bondades de su contenidos. En caso de que haya rechazo o discrepancia se pasa a un proceso de negociación, porque hay que empezar a conocer cuáles son los mecanismos interculturales de negociación y resolución de conflictos, para poder adaptar el proceso de diálogo a esos mecanismos de las comunidades", expresó en RPP Noticias.

Sostuvo que el objetivo de la consulta previa es acortar distancias en una sociedad plural, donde sectores de la población se han mantenido al margen en términos económicos, culturales y políticos, para incluirlos en el proceso de toma de decisiones, evaluando las posibles consecuencias y el marco de sus derechos fundamentales.

Luque explicó que de no llegarse a un acuerdo, “el Estado se reserva el derecho de decidir”.

Señaló, sin embargo, que el derecho a ser consultado es una obligación del Estado y los acuerdos de la consulta a las comunidades tienen un carácter vinculante.

El funcionario remarcó, finalmente, que la Ley de Consulta Previa será un instrumento para conducir los probables conflictos sociales por la vía del diálogo y de la ley, "algo que normalmente no ocurre, ya que en más del 50% de los conflictos hay episodios de violencia y más del 50% de mesas de diálogo se formaron después de la violencia".