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por Redacción RPP
·"Se le está haciendo un favor a Fujimori", dijo el abogado Carlos Rivera tras enfatizar que decreto ley 1097 busca excluir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
El ex presidente Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrían salir en libertad en virtud de una nueva ley dada por el actual Gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Fujimori fue condenado en abril de 2009 a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen, en 1991 y 1992, por lo que, según los abogados de las organizaciones civiles, puede utilizar la nueva norma para cuestionar la validez de su sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC).
"Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo a Efe el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que el decreto busca excluir a los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
Rivera explicó que la defensa de Fujimori ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional".
"Bajo esas condiciones, Fujimori llega en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
El decreto 1097 también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción.
Además, permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen.
"Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera y otros defensores de los derechos humanos.
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad), y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista (1990-2000).
Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio contra Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer Gobierno.
El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
"Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón, señaló.
Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
Los expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en territorio nacional.
Para las ONG, el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio y "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas".
EFE
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Fujimori fue condenado en abril de 2009 a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen, en 1991 y 1992, por lo que, según los abogados de las organizaciones civiles, puede utilizar la nueva norma para cuestionar la validez de su sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC).
"Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo a Efe el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que el decreto busca excluir a los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
Rivera explicó que la defensa de Fujimori ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional".
"Bajo esas condiciones, Fujimori llega en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
El decreto 1097 también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción.
Además, permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen.
"Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera y otros defensores de los derechos humanos.
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad), y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista (1990-2000).
Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio contra Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer Gobierno.
El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
"Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón, señaló.
Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
Los expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en territorio nacional.
Para las ONG, el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio y "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas".
EFE
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