Ejecutivo endurece penas a actos contra servicios públicos

El presidente de Perú, Alan García, promulgó hoy una ley que modifica varios artículos del Código Penal que endurecen las penas para quienes actúen contra las instalaciones o infraestructura de los servicios públicos.

Las modificaciones, que fueron previamente aprobadas por el Congreso, endurecen las sanciones de cárcel para quienes roben, dañen o entorpezcan servicios públicos como la electricidad, el gas o el transporte, por lo que los jueces podrían aplicarlas a protestas habituales en el país como el corte de carreteras.

Así, y según informó la agencia estatal Andina, la sanción a "quien crea un peligro para la seguridad común" como atentar contra instalaciones relacionadas con las telecomunicaciones o el gas será de no menos de seis años de cárcel ni más de diez.

El atentado a un bien público está entendido como perjudicar la "producción, transmisión, distribución, almacenamiento o provisión" del servicio.

De la misma manera, las modificaciones al Código Penal disponen que quien "impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos" podrá recibir una pena de prisión de entre cuatro y ocho años.

Además, la actuación con violencia que atente contra la integridad física de personas o genere "graves daños" a la propiedad pública o privada será considerada un agravante que elevará la pena a entre seis y ocho años de prisión.

Sin embargo, la pena más severa entre las aprobadas hoy recae sobre quienes además de atentar contra un servicio público acompañen su acción con "secuestro, extorsión o trata de personas".

En este caso, la condena mínima será de seis años y la máxima de diez.

Las nuevas sanciones afectan directamente a las constantes protestas que se realizan en el país, y que en muchas ocasiones están acompañadas por el corte de carreteras o, menos habitualmente, por la toma de plantas de producción de hidrocarburos.

EFE