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Ejecutivo endurece penas a actos contra servicios públicos

Mandatario García promulgó norma que sanciona con hasta diez años de cárcel a quienes roben, dañen o entorpezcan servicios públicos como la electricidad, el gas o el transporte.

El presidente de Perú, Alan García, promulgó hoy una ley que modifica varios artículos del Código Penal que endurecen las penas para quienes actúen contra las instalaciones o infraestructura de los servicios públicos.

Las modificaciones, que fueron previamente aprobadas por el Congreso, endurecen las sanciones de cárcel para quienes roben, dañen o entorpezcan servicios públicos como la electricidad, el gas o el transporte, por lo que los jueces podrían aplicarlas a protestas habituales en el país como el corte de carreteras.

Así, y según informó la agencia estatal Andina, la sanción a "quien crea un peligro para la seguridad común" como atentar contra instalaciones relacionadas con las telecomunicaciones o el gas será de no menos de seis años de cárcel ni más de diez.

El atentado a un bien público está entendido como perjudicar la "producción, transmisión, distribución, almacenamiento o provisión" del servicio.

De la misma manera, las modificaciones al Código Penal disponen que quien "impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos" podrá recibir una pena de prisión de entre cuatro y ocho años.

Además, la actuación con violencia que atente contra la integridad física de personas o genere "graves daños" a la propiedad pública o privada será considerada un agravante que elevará la pena a entre seis y ocho años de prisión.

Sin embargo, la pena más severa entre las aprobadas hoy recae sobre quienes además de atentar contra un servicio público acompañen su acción con "secuestro, extorsión o trata de personas".

En este caso, la condena mínima será de seis años y la máxima de diez.

Las nuevas sanciones afectan directamente a las constantes protestas que se realizan en el país, y que en muchas ocasiones están acompañadas por el corte de carreteras o, menos habitualmente, por la toma de plantas de producción de hidrocarburos.

EFE

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