Evaluación ambiental no es causa de la desaceleración económica, afirman

Alrededor de 40 organizaciones sociales expresaron su rechazo a las medidas ambientales incluidas dentro del paquete para la reactivación económica que fue presentado días atrás al Congreso por el gobierno de Ollanta Humala.

A través de un comunicado, el Grupo Perú COP 20, el Colegio de Biólogos del Perú, el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otras 36 organizaciones señalan que dichas medidas buscan reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (Minam).

“Desafortunadamente, existe un reducido compromiso de nuestro gobierno por impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de ordenamiento territorial, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones y la implementación de la consulta previa”, manifiestan.

Afirman que el paquete económico atenta “contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado” al debilitar el proceso de reformas del sector ambiental.

“(Esto) demuestra una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre”, sostienen.

“Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan ҅desconfianza҆ en el sector empresarial”, indican también en la misiva.

Asimismo, refieren que reducir la capacidad de gestión del Minam para la creación de zonas reservadas contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas y las obligaciones del Perú frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.

“El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones”, agregan.