Experto explica crisis sin resolver en Puno

El economista Miguel Santillana, experto en temas mineros, opinó que lo que hay detrás de la protesta en el sur de Puno, pasa por un cambio constitucional, que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas y beneficios directos de la participación en la explotación de recursos, siguiendo el ejemplo de los aymaras en Bolivia.

Insistió en que la demanda del pueblo altiplánico no es viable, porque el Estado no puede dar marcha atrás y rescindir contratos o documentos que ya ha convenido.

"El Estado no puede ceder a lo que en realidad es un chantaje, porque (dicen) si no me hacen caso se levanta Puno", expresó en RPP Noticias al indicar que fueron los mismos pueblos del sur de Puno, los que pidieron el ingreso de las actividades mineras pero ahora se niegan.

Propuso que una asociación en participación entre las mineras y la población sería una alternativa conveniente.

Por su parte, el abogado Paulo Vilca, coordinador del programa de gobernabilidad de la Asociación SER, consideró que las demandas en Puno es la que mayor protagonismo ha tenido en las últimas semanas, sin embargo, no es la única demanda social en el país.

 Indicó que los reclamos parten de una percepción -puede ser cierta o no- de la población acerca de que la minería está relacionada con la contaminación.

Asimismo, refirió que desata pasiones, la incertidumbre y desconfianza que generan las concesiones del gobierno central, a ello se suma la "inadecuada atención" a los conflictos, por el destiempo en que se escuchan las demandas de la población.

En tal sentido, el letrado consideró que antes de todo, el gobierno debe respetar el derecho a la consulta, ya que ha dado muestras de que "no ha habido voluntad del Estado para concertar".

"No deben haber imposiciones, pero no ha habido acercamiento. Se enteran del proyecto minero cuando ya está en la fase de exploración", sostuvo.

Asimismo, consideró que tiene que haber una labor de prevención efectiva.